Sin miedo a la Paz

Escribir acerca de la violencia socio-política, traduce escribir no de manera exclusiva sobre la guerra de guerrillas, sino acerca de la guerra que ha hecho presencia a través de indistintas manifestaciones, al punto que puede afirmarse que aquella ha sido permanente en la historia colombiana.

En efecto, la guerra se ha manifestado, entre otras expresiones como: (i).-guerra contra la conquista y colonización española, (ii).- rebelión anti-esclavista en los palenques, (iii).- la revolución de los Comuneros, (iv).- guerra de los mil días, (v).- de terratenientes contra indígenas y campesinos, (vi).- guerrillas liberales, (vii).- entre liberales y conservadores en los años 1948 a 1953, (viii).- guerra irregular de guerrillas con la aparición de las FARC, ELN, EPL, PRT, Quintin Lame, M-19, (ix).- entre Carteles de la droga (el de Medellín y Cali), (x).- entre esmeralderos, (xi).- entre paramilitares y subversión, (xii).- guerra del paramilitarismo y su proyecto para-político que apostó a la refundación de un Para-Estado Mafioso en el objetivo de apoderarse de las instituciones, (xiii).- guerras jurídicas adelantadas en perjuicio de contradictores políticos, (xiv).- guerras de injurias y calumnias entre militantes y simpatizantes de distintos partidos políticos que se alimenta, retro-alimenta, reproduce y multiplica desde la tribuna, medios de comunicación y redes sociales.

En esa mirada, la dinámica de los conflictos, de violencia social, política, económica, estadios de guerra, incluidos los verbales, al interior de la sociedad colombiana, no han sido goteos ocasionales, sino expresiones permanentes, simultáneas y multi-variadas a lo largo de su historia republicana.

En la actualidad frente a los diálogos de paz en la Habana, las miradas nacionales e internacionales giran alrededor de la culminación del conflicto armado con las FARC, organización que en el transcurso de 50 años largos y ejercicios de guerra permanente, transformaron la pretendida guerra revolucionaria en expresiones de violencia indiscriminada y actos terroristas, al extremo que desgastaron el argumento de guerra justa, trasfiguraron los conceptos de delito político y conductas revolucionarias, y se trasmutaron en aparato organizado criminal confundido entre el terrorismo, violaciones al Derecho Internacional Humanitario y el negocio del narcotráfico, valga decir, en un aparato consumador de crímenes de lesa humanidad, atroces, y crímenes de guerra, mezclados con los de delincuencia común.

No obstante, de acuerdo con nuestra Carta Política, artículo 22: "La paz es un derecho y deber de obligatorio cumplimiento". 

En efecto, es un derecho individual, colectivo, y constituye deber del Estado, del gobierno, sociedad colombiana y ciudadanos construirla, exigirla y apostarle a ese propósito. 

Por tanto, al interior de ese mandato entendido como derecho y deber es como debemos acercarnos, sin espanto, para apoyar los diálogos de paz de la Habana con miras a los acuerdos, al referendo y a las denominada fases de los pos-acuerdos.

En esa mirada nos corresponde aprehender sin miedos de ninguna especie que en los diálogos de la Habana no se está entregando el país a las FARC ni al Castro- Chavismo, como son los argumentos de la oposición, que ha construido su estrategia proselitista a través de la propaganda del espanto, proclamando la llegada próxima de un régimen comunista.

En igual sentido, es dable discernir que esos diálogos no están montados sobre la entrega de Colombia y del Presidente Juan Manuel Santos al terrorismo, como son los argumentos que se escuchan de parte de sus contradictores, quienes a través de las falacias y siembras del miedo, lo señalan de comunista, guerrillero, castro-chavista, aliado incondicional del terrorismo, y de haber traicionado el mandato ciudadano cuando fue elegido como primer mandatario de los colombianos.

Por el contrario, nuestro derecho a la paz sin espanto, y nuestro deber sin desaliento de su búsqueda y consolidación, es una necesidad histórica y constitucional.

Contrario a las proclamas de la oposición, consideramos que ese derecho constituye prioridad en la agenda del gobierno, el cual se halla inmerso en esa dinámica, y como derecho y deber constitucional corresponde asumirla a todos los partidos políticos, incluidos los de oposición, y desde luego a todos los ciudadanos en la mirada de reflexionar acerca de ese derecho.

Por tanto, la discusión acerca de los diálogos de la Habana corresponde no des-politizarla, pues se trata de una negociación política al conflicto armado, con concesiones de parte y parte. 

Por el contrario, se necesita aislarla de los escenarios del pánico propagandístico construido por quienes se oponen a las soluciones negociadas de la guerra, bajo el argumento que los diálogos, acuerdos y búsqueda de la paz constituyen negaciones a la justicia y apuestas hacia la impunidad total.

El propósito sin miedo a la paz, entendida como nuestro derecho y deber, merece que la pongamos en el lugar exacto que corresponde, para ponernos a reflexionar de manera individual y colectiva acerca de si nos hallamos dispuestos a reclamar, exigir, construir ese derecho y cumplir con ese deber, o si por el contrario, como negación, preferimos continuar en ese túnel de la guerra y holocausto, sin realizar ninguna clase de esfuerzos, incluidos los costos de impunidad parciales que son inherentes a todo proceso de paz, de los cuales se encargarán las normas de justicia transicional que se adoptarán al interior del Marco Jurídico para la Paz, las cuales no podrán otorgar tratamientos de impunidad total ni desconocimiento al Tratado de Roma en lo que corresponde a crímenes atroces y de lesa humanidad.

La paz como derecho y deber sin fantasmas que produzcan sobresaltos pavorosos, no es inmediatista, ni se expresará en los acuerdos de la Habana, incluso ni siquiera logrará consolidación en el referendo que se apruebe. 

La paz es un proceso de construcción ético y social, el cual incluye: derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas, pues no es dable construir paz y democracia a partir de la mentira, impunidad total o el olvido acrítico.

La paz constituye un proceso a mediano y largo plazo, no de reconstrucción del viejo pacto social en crisis, sino de un nuevo pacto democrático, con miras a la integración social y política de la insurgencia armada, lo cual traduce que a las nuevas expresiones de democracia social, política y económica que harán parte de la agenda legislativa posterior al referendo, no le debemos tener ninguna clase de temores, toda vez que de lo que se trata es de construir equilibrios, en el objetivo que la violencia y despotismo de las armas abandonen la guerra indiscriminada y se conviertan en debates ideológicos al interior de un partido con acceso real a la vida democrática.

En igual sentido, corresponde reflexionar que la paz como derecho y deber no se circunscribe a la derrota militar, aniquilamiento de los enemigos, ni a la humanización de la guerra para que continúe el negocio de las armas, toda vez que ninguna guerra es dable dignificarla.

Por el contrario, nuestro derecho a la paz sin miedo a consolidarla, debe avanzar con voluntades políticas sub-versionadas y consensuadas hacia la construcción de la re-legitimación del sistema y el Estado a través de profundas y estructurales reformas en temas agrarios, derecho fundamental a la salud, educación, derecho al trabajo, a la vivienda, recursos naturales, medio ambiente, reformas a la justicia, entre otras, todas ellas en la apuesta de atacar, superar estados de corrupción desbordada, exclusiones políticas, económicas, sociales, y en la apuesta de convertir en avances de realidad al Estado Constitucional social y democrático de derecho.

germanpabon@hotmail.com

Popayán, junio de 2014

El Portal de Shamballa