La Sala Penal de la Corte, en sentencia del 22 de septiembre de 2004, Rad. 21961, se ocupó del metus publicae potestatis como elemento subjetivo exigible en la ejecución del delito de concusión. Al respecto dijo:   “Es cierto, como lo anota el Tribunal, que esta Sala de la Corte se ha ocupado de la exigencia del elemento subjetivo que conduce al sometimiento de la voluntad de la víctima a las pretensiones del agente corrupto del Estado, tal como se ha venido señalando por la doctrina, entre otros, por Francesco Carrara en su Programa de Derecho Criminal [1] que concibe como concusión el “Met. publicae potestatis”, es decir, que el particular se ve compelido a pagar por el miedo al poder público y, lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte al señalar que la solicitud “puede ir acompañada de fuerza física o moral (constreñimiento) o simplemente mueva la voluntad del destinatario por engaño o justo temor, este último en todo caso no generado por violencia o amenazas (inducc

  La Sala Penal de la Corte, en sentencia del 11 de noviembre de 2020, Rad. 53395, precisó que la aplicación de la perspectiva de género en la valoración probatoria obliga a los falladores a valorar la prueba « eliminando estereotipos que tratan de universalizar como criterios de racionalidad simples (prejuicios) machistas» [1] , so pena de incurrir en errores de falso raciocinio . Al respecto dijo:   “El enfoque de género, también llamado perspectiva de género, constituye «un mandato constitucional y supraconstitucional que vincula a todos los órganos e instituciones del poder público, y que les obliga a que, en el ejercicio de sus funciones y competencias, obren en modos que les permitan identificar, cuestionar y superar la discriminación social, económica, familiar e institucional a la que históricamente han estado sometidas las mujeres » [2] .   “Aquél tiene origen en variada normatividad nacional, tanto de orden legal como constitucional, e internacional. Ejemplos de la

  La Sala Penal de la Corte, en sentencia del 11 de octubre de 2017, Rad. 44609, se refirió a los hechos jurídicamente relevantes en el delito de interés indebido en la celebración de contratos y eventual concurso con el de contrato sin cumplimiento de requisitos legales esenciales. Al respecto dijo:   El artículo 409 del Código Penal dispone:   Interés indebido en la celebración de contratos. El servidor público que se interese en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones, incurrirá en prisión de 64 a 216 meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis a trescientos salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 216 meses.     “Esta norma fue demandada ante la Corte Constitucional   bajo el argumento principal de que implica la penalización de ideas o pensamientos que no trascienden el fuero interno

  La Sala Penal de la Corte, en sentencia de noviembre 9 de 2006, Rad. 23327, se refirió a la violación de la expectativa razonable de intimidad en relación con los registros y allanamientos de domicilio, sin orden judicial, de cara a la exclusión de la prueba ilícita . Al respecto dijo:   “Para dar respuesta adecuada a tal problemática, ab initio resulta indispensable puntualizar que, como en forma reiterada lo ha indicado la Corte , los derechos a la intimidad y a la inviolabilidad de domicilio consagrados en los artículos 15 y 28 de la Carta Política , respectivamente, así como la prohibición de las llamadas injerencias arbitrarias al mismo, a que refieren los artículos 17 de la Ley 74 de 1968, por cuyo medio se adoptó como legislación interna el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 11 de la Ley 16 de 1972, a través de la cual se aprobó la Convención Americana de Derechos Humanos, instrumentos internacionales que hacen parte del llamado bloque de constitu