De acuerdo con nuestra Carta Política, artículo 22: "La paz es un derecho y deber de obligatorio cumplimiento".  En una sociedad decente, entendiendo por esta, cuyas instituciones no humillen a los ciudadanos ni a los opositores (Avishai Margalit): La paz, es un derecho individual, colectivo, y constituye deber del Estado, del gobierno, de las organizaciones insurgentes, de la sociedad colombiana, exigirla, construirla, apostarle a ese propósito, y el derecho penal alternativo debe contribuir a ese anhelo nacional.  Por tanto, al interior de ese mandato entendido como derecho constitucional, es como podemos acercarnos, sin espantos, para apoyar los diálogos de paz de la Habana con miras al cese bilateral del fuego, los acuerdos, la refrendación, y a las denominadas fases del posconflicto y posacuerdos. En esa mirada, corresponde aprehender que los acuerdos de la Habana no constituyen un Golpe de Estado a nuestra Constitución Política, menos Golpe de Estado ...