Nuestro derecho a la Paz en una Democracia Decente

De acuerdo con nuestra Carta Política, artículo 22: "La paz es un derecho y deber de obligatorio cumplimiento". 

En una sociedad decente, entendiendo por esta, cuyas instituciones no humillen a los ciudadanos ni a los opositores (Avishai Margalit):

La paz, es un derecho individual, colectivo, y constituye deber del Estado, del gobierno, de las organizaciones insurgentes, de la sociedad colombiana, exigirla, construirla, apostarle a ese propósito, y el derecho penal alternativo debe contribuir a ese anhelo nacional. 

Por tanto, al interior de ese mandato entendido como derecho constitucional, es como podemos acercarnos, sin espantos, para apoyar los diálogos de paz de la Habana con miras al cese bilateral del fuego, los acuerdos, la refrendación, y a las denominadas fases del posconflicto y posacuerdos.

En esa mirada, corresponde aprehender que los acuerdos de la Habana no constituyen un Golpe de Estado a nuestra Constitución Política, menos Golpe de Estado a la democracia, en absoluto derivan acciones penales ni disciplinarias como balbucea el Procurador General de la Nación, ni se está entregando el país a las FARC, como son los argumentos no de la oposición sino de quienes de manera ciega se han atravesado al proceso de paz a través de la propaganda del espanto, proclamando la llegada próxima de un régimen comunista.

Sin dificultad es dable advertir que una cosa es la resistencia civil contra regímenes autoritarios, otra cosa es la desobediencia civil contra dictaduras, otra cosa es ejercer la oposición política contra gestiones públicas, y otra cosa demasiado diferente es atravesarse de manera cegatona al camino histórico de la paz y al nuevo pacto social, que en este ahora es irreversible. 

Y, es dable discernir que los acuerdos de la Habana no están montados sobre la entrega de Colombia al terrorismo, como pregonan los atravesados a la paz, quienes señalan al Presidente Santos de violar la constitución política, de comunista, guerrillero, castro-chavista, aliado incondicional del terrorismo, de haber traicionado el mandato ciudadano cuando fue elegido como primer mandatario de los colombianos.

Nuestro derecho a la paz sin espanto, y nuestro deber sin desaliento de su búsqueda y consolidación, es una necesidad histórica traducida en prioridad, y en la aprehensión de ese derecho constitucional corresponde asumirla a todos los partidos políticos, y desde luego a todos los ciudadanos en la mirada de reflexionar acerca de ese derecho.

La discusión acerca de los diálogos de la Habana corresponde no des-politizarla, pues se trata de una negociación política al conflicto armado, con concesiones de parte y parte... 

Por el contrario, se necesita aislarla de los escenarios del pánico construido por los atravesados a las soluciones negociadas de la guerra, bajo el argumento que los acuerdos y búsqueda de la paz negociada constituyen negaciones a la justicia y apuestas hacia la impunidad total.

El propósito sin miedo a la paz, merece que lo pongamos en el lugar exacto que corresponde para ponernos a reflexionar acerca de si nos hallamos dispuestos a reclamar, exigir, construir ese derecho y cumplir con ese deber...

O si por el contrario, como negación convocados por la falacia de la resistencia civil, preferimos continuar en ese túnel de la guerra y holocausto, sin realizar ninguna clase de esfuerzos, incluidos los costos de impunidad parciales que son inherentes a todo proceso de paz, de los cuales se encargarán las normas del derecho penal alternativo para la Paz y de justicia transicional que se adoptarán al interior del Marco Jurídico para la Paz.

La paz como derecho y deber, sin fantasmas que produzcan sobresaltos pavorosos, no es inmediatista, es un proceso de construcción ético y social, que incluye: derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas, pues no es dable construir paz y democracia a partir de la mentira, impunidad total o el olvido acrítico.

La paz constituye un proceso a mediano y largo plazo, no de reconstrucción del viejo pacto social en crisis, sino de un nuevo pacto democrático, con miras a la integración social y política de la insurgencia armada.

En ese horizonte, a las nuevas expresiones de democracia social, política y económica que harán parte de la agenda legislativa, no le debemos tener ninguna clase de temores, toda vez que de lo que se trata es construir equilibrios al interior de una democracia decente, en el objetivo que la violencia y despotismo de las armas abandonen la guerra indiscriminada y se conviertan en debates ideológicos al interior de un partido con acceso real a la vida democrática.

En la construcción de una democracia decente corresponde reflexionar que la paz como derecho y deber no se circunscribe a la derrota militar, a la humillación, al aniquilamiento de los enemigos, al desescalamiento del conflicto ni la humanización de la guerra para que continúe el negocio de las armas, toda vez que ninguna guerra es dable dignificarla.

Por el contrario, en una democracia decente, nuestro derecho a la paz sin miedo, debe avanzar con voluntades políticas sub-versionadas y consensuadas hacia la construcción de la re-legitimación del sistema y el Estado a través de profundas y estructurales reformas en temas de derecho penal alternativo para la Paz estructural, agrarios, derecho fundamental a la salud, educación, derecho al trabajo, a la vivienda, recursos naturales, medio ambiente, reformas a la justicia, entre otras, todas ellas en la apuesta de atacar, superar estados de corrupción desbordada, exclusiones políticas, económicas, sociales, y en la apuesta de convertir en avances de realidad al Estado Constitucional social y democrático de derecho.

En una democracia decente es dable que los opositores políticos sean contradictores a las gestiones del gobierno, a la gobernabilidad, pero no a que de manera cegatona, bajo la apariencia de la resistencia civil, se atraviesen al camino histórico de la paz, que en este ahora es irreversible.

    germanpabongomez

El Portal de Shambhala

Bogotá, mayo de 2016