La Corte Suprema, Sala de Casación Penal, en sentencias del 20 de septiembre de 2017, Rad. 50366, y 14 de mayo de 2014, Rad. 403922 se refirió al delito de cohecho propio y su antijuridicidad, respectivamente. Al respecto dijo en la primera:   “El artículo 405 de la Ley 599 de 2000, con la modificación introducida por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, define el delito de cohecho propio, así:   El servidor público que reciba para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales , incurrirá en prisión de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses.   “ Los comportamientos alternat

  La Corte Suprema, Sala de Casación Penal, en auto del 7 de marzo de 2018, Rad. 53872 refirió al concepto de “Mejor Evidencia” y su importancia para establecer la utilidad de los medios de prueba solicitados por las partes. Al respecto, dijo:   “Recientemente esta Corporación desarrolló el concepto de mejor evidencia y su incidencia en el análisis de la utilidad de las pruebas. Lo expuesto en esa oportunidad resulta especialmente útil para resolver el caso que ahora se analiza, porque el referido estudio se centró en la demostración de la base fáctica del delito de prevaricato por acción, que constituye uno de los cargos presentados por la Fiscalía en contra del fiscal MHMR. Sobre el particular, dijo lo siguiente:   “ La Ley 906 de 2004 establece pautas importantes sobre lo que debe entenderse por mejor evidencia .   “ De forma expresa, el concepto es referido en las normas que regulan la prueba documental , en cuanto se establece que “cuando se exhiba un documento con el

  La Corte Suprema, Sala de Casación Penal, en sentencia del 5 de agosto de 2020, Rad. 53872 refirió que de cara al delito de comisión por omisión, la posición de garante debe ser concreta y no abstracta. Al punto y respecto, dijo:   “ Por lo demás, es pertinente recordar que la protección abstracta de la vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades que a las autoridades de la República les asigna el artículo 2 de la Carta Política , no puede ser confundida con la exigida en el 25 de la Ley 599 de 2000 , para atribuirle al servidor público la comisión de un delito por omisión .   “Igualmente, en su artículo 6 la misma Carta hace responsables a los servidores públicos no solo por infringir la Constitución y las leyes, sino también por omisión o extralimitación de sus funciones. Si bien, ambos preceptos, se ha dicho, son fundantes de la posición de garante, es evidente que la protección del bien jurídico debe ser concreta y no abstracta .   “Luego si la prueb

  La Corte Suprema, Sala de Casación Penal, en sentencia del 18 de noviembre de 2020, Rad. 55345 refirió que el Principio de Confianza y la Delegación de funciones, en eventos, pueden dar lugar a la exoneración de responsabilidad penal. Al punto y respecto, dijo:   “ De entrada, conviene resaltar que el principio de confianza, constituye un criterio determinador del deber de cuidado dentro de la llamada teoría de la imputación objetiva, en la cual, en lugar de parámetros de imputación naturalísticos, la atribución de una hipótesis típica se fundamenta en pautas normativas, entre las que están, justamente, el deber de cuidado, la existencia de riesgos asumidos por el sujeto o impuestos por el ordenamiento jurídico, la delimitación social de roles en diversos círculos o ámbitos de organización (especialmente en la producción de bienes o servicios), y el principio de auto responsabilidad, entre otros .   “Atendiendo el fundamento filosófico de esa construcción dogmática de la teor