Primera pregunta : ¿Qué podrá ocurrir en el evento que las determinaciones de quienes integran un conclave jurídico en la Fiscalía conducen a que un Fiscal adopte de manera obligatoria una formulación de imputación o de acusación manifiestamente contraria a la ley o más claramente contraria al derecho sustancial? En dicho evento, ¿será o no será que los integrantes del cónclave jurídico podrían llegar a responder como determinadores de un prevaricato por acción u omisión, según el caso? Segunda pregunta : ¿Será posible que a un servidor público, llámese, juez, fiscal o magistrado, se los puede revestir (de hecho o mediante una resolución o acto administrativo) de facultades para que de manera personal, colectiva o en cónclave determinen de manera obligatoria a otro funcionario judicial a adoptar una decisión en uno u otro sentido. Tercera pregunta : Los principios de la Autonomía e Independencia judicial son de jerarquía constitucional. ¿Qué ocurre cuando a alguien ll

La Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, en sentencia del 8 de marzo de 2017, identificada con el radicado 44599, mediante la cual casó una sentencia del Tribunal de Popayán proferida de manera errónea, se refirió a los conceptos de: (i).- hecho jurídicamente relevante, (ii).-   La diferencia entre hechos jurídicamente relevantes, “hechos indicadores” y medios de prueba,  (iii).- La estructuración de la hipótesis de hechos jurídicamente relevantes por parte de la Fiscalía General de la Nación, y (iv).- La hipótesis de hechos jurídicamente relevantes contenida en la acusación y la delimitación del tema de prueba. Al respecto dijo 1.-   El concepto de hecho jurídicamente relevante. "Este concepto fue incluido en varias normas de la Ley 906 de 2004. Puntualmente, los artículos 288 y 337, que regulan el contenido de la imputación y de la acusación, respectivamente, disponen que en ambos escenarios de la actuación penal la Fiscalía

La Sala Penal de la Corte, en sentencia del 13 de julio de 2016, identificada con el Radicado 42.548, se refirió a la idoneidad del medio engañoso, y reconsideró la línea jurisprudencial que venía sosteniendo respecto de la acción a propio riesgo en el delito de estafa. Al respecto dijo: “ La Corte de tiempo atrás ha señalado que en la celebración de contratos de naturaleza civil se puede incurrir en el delito de estafa .  "Es así como, conforme se recordó en pasada oportunidad (CSJ SP, 10 de jun. 2008, rad. 28693), desde la sentencia del 23 de junio de 1982 [1] viene prohijado el criterio según el cual en esa clase de negocios jurídicos la mentira o el silencio de los contratantes pasa al campo penal cuando recaen sobre elementos fundamentales del convenio . “Ahora bien, frente a la estructuración de la mencionada conducta punible, no se discute hoy en día que el medio engañoso debe tener idoneidad para inducir en error a la víctima y obtener de esa manera provec