La Sala Penal de la Corte en Auto del 26 de febrero de 2014, identificado con el radicado 34.699, realizó un estudio acerca de la No-Retractación del Allanamiento a Cargos, y de los eventos en los que cabe la invalidación del allanamiento derivado de vicios del consentimiento o por desconocimiento de garantías fundamentales , que para el caso, entiéndase se trata de garantías fundamentales de incidencia sustancial , eventos en los cuales tiene cabida anular el acto de allanamiento a cargos para que el proceso retome los cauces de la legalidad en los cauces del procedimiento abreviado o del juzgamiento ordinario. Al respecto dijo: “Cabe advertir que la aceptación o el acuerdo no sólo es vinculante para la fiscalía y el implicado. También lo es para el juez, quien debe proceder a dictar la sentencia respectiva, de conformidad con lo convenido por las partes, a menos que advierta que el acto se encuentra afectado de nulidad por vicios del consentimiento, o que desconoce garantías

La Sala Penal de la Corte en sentencia del 25 de septiembre de 2013, identificada con el radicado 40.545, realizó un estudio dogmático del injusto de concierto para delinquir, y precisó los aspectos esenciales que diferencian esa conducta de la coautoría material. Al respecto, dijo: “La criminalidad organizada funciona como una empresa y requiere como ella de un engranaje, en la cual hay reglas de conducta y de procedimientos, canales de comunicación e información, definición de roles y órbitas de responsabilidad, controles de desempeño, esquema jerárquico, especialización de los concertados, etc.  [1] . “Tan preocupante ha sido en el mundo el referido fenómeno delictivo, que en el seno de las Naciones Unidas se promovió y suscribió la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional , aprobada por Colombia mediante la Ley  800 de 2013. “En dicha Convención se entiende por “grupo delictivo organizado” a “ un grupo estructurado de tres o más personas que exista

¿Golpe de Estado? ... ese si, fue el proyecto de Refundar la Patria que diseñaron los paramilitares en el Pacto de San José de Railito, y alcanzaron a expandir en las regiones... Las evidencias históricas traducidas en  hechos notorios , revelan de manera incontrastable que el poderío del paramilitarismo diseñó y propuso un Golpe de Estado, mediante la imposición de candidatos a cargos de la más alta jerarquía, y a través de alianzas macabras, apoyaron, financiaron y lograron elecciones en consejos, asambleas, municipios y departamentos. Ese proyecto de Golpe de Estado a la democracia, se puso a cabalgar a través de diferentes Pactos, que fueron réplicas del Pacto de San José de Ralito, los cuales suscribieron los paramilitares, en cumbres convocadas, en diferentes regiones del territorio colombiano.  Aquellas alianzas para "Refundar la Patria" y construcción de un Para-Estado Mafioso, esas si constituyeron un proyecto político-criminal de Golpe de Estado a la

De acuerdo con nuestra Carta Política, artículo 22: "La paz es un derecho y deber de obligatorio cumplimiento".  En una sociedad decente, entendiendo por esta, cuyas instituciones no humillen a los ciudadanos ni a los opositores (Avishai Margalit): La paz, es un derecho individual, colectivo, y constituye deber del Estado, del gobierno, de las organizaciones insurgentes, de la sociedad colombiana, exigirla, construirla, apostarle a ese propósito, y el derecho penal alternativo debe contribuir a ese anhelo nacional.  Por tanto, al interior de ese mandato entendido como derecho constitucional, es como podemos acercarnos, sin espantos, para apoyar los diálogos de paz de la Habana con miras al cese bilateral del fuego, los acuerdos, la refrendación, y a las denominadas fases del posconflicto y posacuerdos. En esa mirada, corresponde aprehender que los acuerdos de la Habana no constituyen un Golpe de Estado a nuestra Constitución Política, menos Golpe de Estado a la demo