La Sala Penal de la Corte, en Tutela del 30 de abril de 2024, Rad. 137209, reiteró las competencias del juez de control de garantías y los aspectos que se deben evaluar para la imposición de medidas de aseguramiento . Al respecto, dijo:   “Las medidas de aseguramiento, ha decantado la jurisprudencia tanto de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte Constitucional, tienen una naturaleza eminentemente procesal y están dirigidas a preservar la prueba, proteger a la víctima y asegurar la comparecencia del imputado al proceso.   “Además, el artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, contempla como medidas de aseguramiento privativas de la libertad la « detención preventiva en establecimiento penitenciario » y la « detención preventiva en la residencia señalada por el imputado ».   “En fallo CSJ STP7721 – 2019, reiterado en la decisión CSJ STP16280-2019, la Corte delimitó las competencias del juez de control de garantías en punto de...

  La Sala Penal de la Corte, en sentencia del 17 de mayo de 2023, Rad. 53437, se ocupó de las conductas relevantes que configuran el delito de tráfico de influencias de particular. Al respecto, dijo:   “El delito de tráfico de influencias de particular lo describe el artículo 411 A del Código Penal en los siguientes términos:   “El particular que ejerza indebidamente influencias sobre un servidor público en asunto que este se encuentre conociendo o haya de conocer, con el fin de obtener cualquier beneficio económico, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales.   “Este tipo penal corresponde a compromisos acordados en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en la cual, respecto del tráfico de influencias, se sugirió:   “Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipif...

  La Sala Penal de la Corte, en auto del 22 de mayo de 2024, Rad. 59441, se ocupó de las diferencias entre actos de parte y actuaciones judiciales, con la precisión en sentido que los preacuerdos no son actos de parte y, que no es un concepto absoluto la improcedencia de la nulidad frente a los actos de parte. Al respecto, dijo:   Los actos de parte y las actuaciones procesales   “Resulta imperioso establecer la diferencia entre “ actos de parte ” y “ actuaciones judiciales ”, para entender por qué la suscripción de un preacuerdo no se ajusta a las características del primero . Los primeros, son actos de postulación de cada uno de los sujetos procesales de manera independiente de la otra con el fin de que sean escuchadas sus pretensiones . [1] Las segundas son actuaciones que realizan los funcionarios judiciales en ejercicio de sus funciones y que tienen la capacidad de generar efectos jurídicos pues deciden cuestiones propias del proceso.   “La doctrina...

  La Sala Penal de la Corte, en auto del 22 de mayo de 2024, Rad. 59441, se ocupó del principio de no retractación de los preacuerdos, el cual aplica para el imputado y la Fiscalía. Al respecto, dijo:   La retractación en la suscripción de los preacuerdos.   “Retractarse o desistir de una postura es aceptable en la vida cotidiana de los ciudadanos. Sin embargo, en los actos oficiales y de postulación dentro del Sistema Penal Acusatorio, rigen reglas específicas de obligatorio acatamiento y de interpretación estricta que vedan cualquier tratamiento informal o alejado de los principios de absoluta lealtad y de buena fe.   “La posibilidad de retractarse en el proceso penal de una manifestación de culpabilidad (en allanamiento o por negociación), está consagrada en la ley, y aunque existen vacíos legales, debe acudirse, en casos complejos, a los principios que inspiran el Sistema Penal Acusatorio.   “Una mirada al origen de la discusión es más que ne...