Aproximaciones a una Política Criminal Decente

En el lenguaje de las instituciones que tienen que ver con la pena y su ejecución, como la Fiscalía, la Procuraduría, el INPEC y el Ministerio de Justicia, desde hace décadas sin memoria, circula en el paisaje de sus tertulias una palabra convertida en lugar común, en frase hecha como es la etiqueta de "Política Criminal Integral y Coherente" y, esa tonadilla la repiten y repiten en foros, diplomados y seminarios, sin que, los foristas se hubieran ocupado en pensar la Cosa, en deconstruir el concepto, sus contenidos y realidad, acerca de:

¿Qué es lo integral, o acerca de qué es lo coherente, o sobre qué aspectos es integral o coherente, la tan nombrada Política Criminal?

Cómo me gustaría que alguien nos diera respuestas con indicadores en punto de impactos de eficiencia en las condiciones de intramuros, y extramuros, ¿sobré que temas o aspectos ha sido integral y coherente, la Política Criminal? 

 

De entrada y, sin mayores esfuerzos, los eficientistas podrán dar respuestas con estadísticas en sentido que, ha sido eficiente en capturas, imposición de medidas de aseguramiento, en aumento de penas, limitación en conceder beneficios, exclusión de otorgamiento de subrogados penales y, condenas ejemplares.

 

Pues bien, a eso no se le puede llamar Política Criminal Integral y Coherente, sino resultadismos eficientistas para las estadísticas de los informes de gestión, y pare de contar.

 

En ese horizonte, ¿Acaso será posible y real que puedan seguir hablando de Política Criminal Integral y Coherente? 

Cuando lo cierto es que, la Política Penal --la cual difiere del concepto multidisciplinario de Política Criminal integral y coherente--, desde hace décadas, de forma inocultable, prosigue caminando por las trochas del denominado Estado de Cosas Inconstitucional.

 

Y, aquí surgen dos preguntas:

 

Primera. Acaso ¿será posible que aquellos sigan hablando desde sus escritorios de Política Criminal Integral y Coherente?, cuando la constante, sin reversa, ha sido el transito por las trocheras del Estado de Cosas Inconstitucional, el cual prosigue en el Congreso de la República sin ninguna voluntad política para superarlo. 

 

Segunda. Acaso ¿será posible afirmar que las disfunciones y flagelos del Estado de Cosas Inconstitucional, posee realidades de Integridad o Integralidad y Coherencia?

 

Pues bien, la respuesta es demasiado elemental:

En los escenarios del Estado de Cosas Inconstitucional, lo que se refleja, de bulto, es la ausencia de Coherencia y ausencia de Integridad o de Integralidad.

 

El Estado de Cosas Inconstitucional, dice relación con problemas graves de carácter estructural, problemas que se han recogido en varias acciones de tutela, como las relativas a la seguridad social de los funcionarios (SU-559/97, T-068/98, T-535/99 y SU-090/00), al hacinamiento en las cárceles (T-153/98), a la deficiencia en la protección de los defensores de derechos humanos (T-590/98), a los desplazados (T-025/04) y al derecho a la salud (T-760/08).

 

Pero el Estado de Cosas Inconstitucional, no solo afecta a los pabellones de los establecimientos carcelarios, en temas de hacinamiento desbordado, salud, alimentación, infraestructura, violación de derechos humanos, sino también a las Estaciones de Policía y URIS de las ciudades capitales.

Lo anterior se debe a las omisiones, a la falta de voluntad, compromiso y responsabilidad de los entes territoriales, en el cumplimiento de sus deberes legales con la Política Criminal de los privados de libertad en Estaciones de Policía y URIS.

 

Conforme a lo anterior, no es posible que desde las instituciones sigan hablando de Política Criminal Integral y Coherente, mientras subsista el Estado de Cosas Inconstitucionales...

 

Por tanto, ya es hora, de que dejen de confundir la Política Criminal integral y coherente con el capturerismo, el aumento de penas, la exclusión progresiva de beneficios y subrogados penales, el condeneismo ejemplarizante, el populismo y expansionismo punitivo.

 

Lo anterior, porque el populismo punitivo no tiene nada de integral ni nada de coherente y el expansionismo punitivo, menos.

 

En igual sentido, ya es hora de que dejen de confundir la Política Criminal integral y coherente, con la mirada arquitectónica del ladrillo y el cemento orientada tan solo a la creación de cupos. Desde luego que, corresponde construir más pabellones y establecimientos penitenciarios y aumentar los cupos para seguirlos llenando, pero entiéndase que la Política Criminal integral y coherente en su estado del arte, va mucho más allá de la visión simplista arquitectónica.

 

Con el populismo punitivo, creación de nuevos tipos penales, aumento de penas, exclusión de beneficios y subrogados penales, limitaciones a la libertad condicional y restricciones a detenciones domiciliarias, lo único que se hace es dar gusto a las galerías, con fines exclusivamente mediáticos y fines electorales.

Hablando de la realidad de la resocialización sus retos y obstáculos, sería sensato que dejaran de confundir la resocialización con la redención de pena, en el exclusivo propósito de las rebajas correspondientes.

En igual sentido, pensando la resocialización en condiciones de mínimos de dignidad, corresponde reinventar esa categoría. 

Lo anterior, bajo el entendido de que no tiene cabida concebir la resocialización en condiciones de indignidad, y menos en condiciones de hacinamiento carcelario:

 

A partir de las enseñanzas de Avishai Margalit en su libro intitulado "La Sociedad Decente”, consideramos que es necesario apostar a la construcción como agenda y política pública de una Política Criminal Decente, entendiendo como Sociedad decente, aquella cuyas instituciones penales, carcelarias y penitenciarias que no humillen —no en sentido literal, sino en concepto amplio— a los privados de libertad.

 

Una sociedad decente y una política criminal decente, es aquella que combate las condiciones que justifica que quienes formen parte de ella se consideren humillados (Avishai Margalit, p. 22).

 

Una Sociedad Decente y una Política Criminal Decente se puede definir como aquella que no transgrede los Derechos de las personas privadas de la libertad que dependen de ella.

 

No sacamos nada con seguir pregonando la vigencia de un Estado Constitucional, Social y Democrático de Derecho, desde una perspectiva puramente formal, si a ese proyecto de Estado Constitucional no se le inserta la práctica cotidiana de la decencia, y eso aplica no solo para la Política Criminal, sino también para la vigencia, realidad y garantía de los indistintos Derechos fundamentales. 

En esa mirada, una Política Criminal Decente, en el cometido de hacer reales los fines de la pena consagrados en el art. 4º de la Ley 599 de 2000 (retribución justa, prevención general, reinserción social y protección al condenado), apunta a invertir con sentido social en la dignidad humana de los privados de la libertad, y si eso se logra, las ganancias de la sociedad civil son inmensas, pero quizás, eso como voluntad política, no lo han logrado entender quienes a la fecha por acciones u omisiones mantienen el Estado de Cosas Inconstitucionales. 

 

La Política Criminal Decente, logrará su componente y práctica de Decencia, el día en que de verdad se cumplan las funciones de la pena, y éstas dejen de ser letra muerta, como normas rectoras de la Ley penal colombiana, y por sobre todo, el día en que se comience a pensar en la resocialización como agenda y política pública y, se comience a pensar serio en penas alternativas a la de privación de libertad.

 

La resocialización al interior de los establecimientos carcelarios ha avanzado y eso hay que reconocerlo, pero navega en limitaciones institucionales, por la sencilla razón de que no existe como Política Pública Colectiva, con amplia cobertura, al interior de los establecimientos carcelarios, lo cual no significa que de forma fragmentada se hayan logrado resultados de resocialización.

 

El hombre se socializa a través del trabajo, pero por sobre todo a través del goce y disfrute del Derecho al trabajo, pero este Derecho a resocializarse se restringe en las cárceles, porque antes que un Derecho y función de la pena, se convirtió en un privilegio costoso, toda vez que, en algunos establecimientos penitenciarios para acceder al Derecho al trabajo, se les cobra a los privados de libertad.

La resocialización padece de crisis desde décadas sin memoria, porque la concepción real de cárcel del ayer y del ahora, entendida como aparato, es un lugar de encuentro con el olvido y el abandono en donde solo funciona la pena como retribución, de donde resulta que, por principio, a la cárcel no se la ha concebido para resocializar a los privados de la libertad.

Por el contrario, lo que si aumenta en progresiones geométricas es la desocialización y degradación de la dignidad humana debido al hacinamiento carcelario alarmante evidenciado en unos establecimientos carcelarios más que en otros, el cual que se halla al punto de convertirse en tratos crueles inhumanos y degradantes...

 

La resocialización es un concepto etéreo sin asiento, sin aprehensión ni empoderamiento colectivo en la realidad de los patios, pabellones de los establecimientos carcelarios, Estaciones de Policía y URIS y, es un concepto etéreo porque las personas privadas de la libertad no tienen dolientes en el Congreso de la República, sencillo, porque invertir en la resocialización y en la política criminal integral y coherente no produce votos en las elecciones.

La cárcel y su esencia como espacio de restricciones donde purgan penas quienes han lesionado bienes jurídicos tutelados, dejando víctimas, no puede convertirse en un lugar de privilegios ni en lugar de paso para el disfrute de vacaciones recreativas... aun cuando se han evidenciado eventos en los que en pabellones especiales el supermercado y la compraventa de privilegios funciona de forma cotidiana al ritmo de las ofertas y demandas…

Lo anterior, porque en los pasillos, patios y pabellones de las cárceles: ¡Casi todo vale y casi todo cuesta! e indistintos son los vendedores, cobradores y compradores.

En modo construcción de una sociedad decente, no es difícil afirmar que, sólo el día en que la cárcel —como símbolo y realidad— deje de ser el supermercado de cohechos y concusiones que ni a la Procuraduría ni a la oficina de asuntos disciplinarios del INPEC les importa investigar, deje de ser la fábrica de la indignidad, el telar de las humillaciones, el taller de la ignominia, el regadío de los odios y, se olvide de fabricar difuntos en vida...

Y, sólo el día que deje de ser el cementerio de los hombres medio objetos, medios cosas, medio vivos y medio muertos... y las mazmorras de la prisión dejen de ser las sucursales de los patios del infierno... y no estoy exagerando…

Y, solo aquel día en que se conviertan en fábricas para empoderar la dignidad del hombre privado de la libertad en su Derecho al trabajo..

Y, sólo el día en que las instituciones educativas ingresen a los pabellones a sembrar proyectos de vida en cautiverio, con miras a la siembra y cosecha de proyectos de vidas en libertad... sólo ese día podrá hablarse de resocialización, entendida como política pública real.

 

Como aproximación, podemos afirmar que una Política Criminal Decente es aquella que no humilla a los privados de libertad, toda vez que, las personas privadas de libertad, o condenadas por indistintos delitos, incluidos lo peores criminales, merecen un respeto básico, pues siempre existe la posibilidad de que reevalúen su camino andado.

Por tanto, respetar a los seres humanos, personas privadas de libertad, significa no dar a nadie por perdido.

 

Una Política Criminal decente, es aquella que piensa la cosa más allá de las rejas y calabozos, más allá del ladrillo, y el cemento de nuevas celdas y, más allá del populismo y expansionismo punitivo, el cual se alborota antes de las elecciones y sigue alborotado después de los comicios electorales.

 

Una Política Criminal decente es aquella que no humilla a los privados de libertad, y una de las formas de humillar al otro es la de negar el Derecho a la resocialización como fin de la pena, y esa negación camina cuando al privado de libertad se le niega la posibilidad de sentirse persona productiva, o mejor persona con Derechos... cuando lo convierten en Objeto, en una Cosa, en un Número más de la montonera en modo de escapulario colgado al cuello, de tantos a quienes se les niega el Derecho a reinventar su proyecto de vida, tan sólo condenados al ocio, condenados al olvido y a la sin memoria.

 

Corresponde aprehender una cosa elemental, que las personas pierden la libertad, pero no pierden el Derecho a la dignidad, no pierden el Derecho a los mínimos de dignidad, y al perder la libertad, tampoco pierden el Derecho al trabajo.

 

Que sueño fantástico sería, que los privados de libertad de escasos recursos económicos, al salir de la prisión pudieran regresar a la sociedad con un proyecto productivo que les permita volver a sentirse ciudadanos y personas productivas; quizás las instituciones pudieran pensar en un Fondo que los financiara, en el cometido de que al regresar al barrio de su ciudad o población de origen se logren reintegrar en condiciones de dignidad laborables.

 

En suma, una Política Criminal Decente, es aquella que comienza a pensar menos en ladrillo y cemento, y es aquella que, en los establecimientos carcelarios y penitenciarios, apuesta a construir Ciudadanía, apuesta a empoderar Ciudadanos, más no simplemente a custodiar objetos, medio vivos, medio cosas, medio muertos, medio difuntos...

germanpabongomez

Kaminoashambhala

Bogotá, abril de 2022