Prisión domiciliaria especial para madres o padres cabezas de familia
La
Corte Suprema, Sala de Casación Penal, en sentencia del 10 de junio de 2020,
Rad. 55614, reiteró el precedente 53863 en el cual se fijaron las reglas
aplicables para conceder la prisión domiciliaria especial para personas cabezas
de familia. Al respecto dijo:
La regulación de la prisión domiciliaria para madres o padres cabeza de
familia
“Recientemente,
a través de la SP4945-2019, rad. 53.863, la Sala fijó las reglas aplicables
para decidir sobre la prisión domiciliaria especial
para personas cabeza de familia. A continuación se reproducirán las premisas
pertinentes para resolver en el presente asunto.
La definición de madre -o padre- cabeza de familia
“Al respecto, el art. 2º de la Ley 82 de 1993,
modificado por el artículo 1º de la Ley 1232 de 2008, establece lo siguiente:
Jefatura Femenina de Hogar. Para los efectos de la presente ley, la Jefatura
Femenina de Hogar es una categoría social de los hogares, derivada de los
cambios socio-demográficos, económicos, culturales y de las relaciones de
género que se han producido en la estructura familiar, en las subjetividades,
representaciones e identidades de las mujeres que redefinen su posición y
condición en los procesos de reproducción y producción social, que es objeto de
políticas públicas en las que participan instituciones estatales, privadas y
sectores de la sociedad civil.
“En concordancia con lo anterior, es Mujer Cabeza de
Familia quien, siendo soltera o casada, ejerce la jefatura femenina de hogar y
tiene bajo su cargo, afectiva, económica o socialmente, en forma permanente,
hijos menores propios u otras personas
incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o
incapacidad física, sensorial, psíquica o moral del cónyuge o compañero
permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo
familiar.
“De la literalidad de la
ley se extrae que el carácter de cabeza de familia no sólo se adquiere cuando
se tiene a cargo a hijos menores de edad. En efecto, el legislador previó
expresamente la posibilidad de adquirir dicha calidad cuando esa relación de dependencia
se presenta frente a “otras personas
incapaces o incapacitadas para trabajar”.
“Esta postura fue
reiterada, en términos generales, en la sentencia SU-388 de 2005. Más
puntualmente, en la sentencia T-200 de 2006, la Corte Constitucional concluyó
que una de las demandantes era madre cabeza de familia por el hecho de tener a
cargo (según las reglas allí establecidas) a su padre, dada la ancianidad y el
precario estado de salud de éste. En el mismo sentido, la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha reconocido esa condición en
situaciones en que mujeres están a cargo del cónyuge que padece una grave
afectación mental (CSJ SP 12 feb. 2014, rad. 43.118)”.
La regulación de la prisión domiciliaria para madres o padres cabeza de
familia
“El artículo 1º de la Ley 750 de 2002,[1] en punto de los
requisitos para conceder la sustitución de la prisión, establece:
“La ejecución de la pena privativa de la libertad se
cumplirá, cuando la infractora sea mujer cabeza de familia, en el lugar de su
residencia o en su defecto en el lugar señalado por el juez en caso de que la
víctima de la conducta punible resida en aquel lugar, siempre que se cumplan
los siguientes requisitos:
“Que el desempeño personal, laboral, familiar o
social de la infractora permita a la autoridad judicial competente determinar
que no colocará en peligro a la comunidad o a las personas a su cargo, hijos
menores de edad o hijos con incapacidad mental permanente.
"La presente ley no se aplicará a las autoras o
partícipes de los delitos de genocidio, homicidio, delitos contra las cosas o
personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario,
extorsión, secuestro o desaparición forzada o quienes registren antecedentes penales, salvo por delitos culposo o delitos
políticos. (…)
“De la armonización de
estas dos leyes se extrae que la prisión domiciliaria, bajo la modalidad de
madre cabeza de familia, opera cuando la condenada tiene a cargo hijos menores,
como también cuando constituye el único
soporte de otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, bien por
su edad o por problemas graves de salud. Lo anterior, siempre y cuando se
verifiquen los requisitos consagrados expresamente en la norma que se acaba de
trascribir.
“La anterior conclusión
se aviene a los argumentos expuestos en el Congreso de la República durante el
trámite de discusión de la referida ley:
“En
particular en tales casos se percibe la urgencia de la adopción de medidas de
apoyo especial a dichas mujeres, por cuanto es un hecho reconocido que los
hijos menores y otras personas
incapaces a cargo de la mujer cabeza de familia recluida quedan
desamparados y a merced de las más nefastas influencias de la sociedad, lo que
conlleva un doble efecto negativo para la sociedad, por una parte, el que no
pueda cumplir esa mujer recluida, su rol natural respecto de sus hijos y de
otras personas incapaces a su cargo, y de otra parte, que reciban esos menores
una negativa orientación que los determinará con alta probabilidad a ubicarse al
margen de la ley en el futuro, como medio de subsistencia y como el único modo
de vida aprendido.[2] (…)
“Este
especial apoyo se dirige a permitir que la mujer cabeza de familia recluida, pueda reintegrarse de facto a su círculo
familiar[3]
a fin de desempeñar el rol que le corresponde, mediante la figura de la “pena
sustitutiva de prisión domiciliaria” y su relacionada medida de aseguramiento
denominada “detención domiciliaria” y/o mediante la redención de su pena,
encuéntrese o no recluida en centro carcelario o penitenciario, a través de la
redención de su pena por trabajo comunitario.[4](…)
“Ante este panorama, se tiene claro que:
(i).- la Ley 750 de 2002 permite el cambio de sitio de reclusión (domiciliaria en lugar de intramuros) cuando la mujer o el hombre es la única persona a cargo del cuidado y la manutención de sus hijos menores de edad, siempre y cuando se reúnan los puntuales requisitos previstos en la ley y desarrollados por la jurisprudencia y
(ii).- el mismo beneficio puede otorgarse
a la mujer que tenga la calidad de madre cabeza de familia respecto de otras personas incapaces o incapacitadas
para trabajar, que integren su núcleo familiar, bajo las limitaciones
establecidas en la ley (valga la necesaria repetición).
“De esta manera, quedaría
por establecer si el beneficio en mención podría otorgarse cuando esas “otras
personas incapaces o incapacitadas para trabajar” dependan exclusivamente del procesado, al punto que éste, respecto de
aquéllas, reúna los requisitos legales para ser catalogado como cabeza de
familia. (…)
“El tema no fue resuelto
en la sentencia C-184 de 2003, porque allí solo se analizó el trato legal
diferenciado a los hijos de los procesados, dependiendo de si su cuidado y
manutención estaban exclusivamente a cargo de la madre o del padre.
“En opinión de la Sala,
las razones expuestas por la Corte Constitucional en la sentencia en mención,
aunadas a otras motivaciones de rango constitucional, son suficientes para
concluir que en esos otros grupos poblacionales (personas incapaces o
incapacitadas para trabajar), no sólo son relevantes las acciones afirmativas a
favor de las madres cabeza de familia (…) De hecho, lo que resulta más
trascendente es la protección de las personas que están exclusivamente a cargo
del procesado, en los términos establecidos en la ley. Ello resulta
indiscutible respecto a los niños, pero también es relevante frente a otros
grupos de personas especialmente vulnerables, como los ancianos y las que
padecen graves afecciones físicas o mentales”.
[1] Norma declarada exequible por la sent. C-184 de 2003, en el
entendido que el derecho puede ser concedido por el juez a los hombres que, de
hecho, se encuentren en la misma situación que una mujer cabeza de familia.
[2] Gaceta del
Congreso N° 113 de 2001.
[3] Negrilla no
hace parte del texto original.
[4] Ibídem.
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