Reglas para la tasación del concurso de conductas punibles. Variación de jurisprudencia: no excluye la suma aritmética, siempre y cuando que el guarismo no sea superior al otro tanto
La Sala Penal de la Corte, en sentencia
del 26 de julio de 2023, Rad. 59683, varió la jurisprudencia atinente a las
reglas para la tasación del concurso de conductas punibles. Al respecto dijo:
Reglas de dosificación punitiva en torno al concurso
de conductas punibles. Variación de jurisprudencia
“13. El artículo
31 de la Ley 599 de 2000 regula los presupuestos para la tasación del concurso
de conductas punibles, en los siguientes términos:
“El que con una sola acción u omisión o con varias
acciones u omisiones infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias
veces la misma disposición, quedará sometido a la que establezca la pena más
grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere
superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas
conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas.
<Aparte tachado
INEXEQUIBLE> En los eventos de concurso, la pena privativa de
la libertad no podrá exceder de sesenta (60) años, salvo cuando al
menos una de las disposiciones de la ley penal infringidas contemple como pena
hasta la prisión perpetua revisable, caso en el cual, de ser está la condena
impuesta, esta última será la única pena de prisión aplicable, sin
perjuicio de las otras penas principales o accesorias que apliquen al caso.
Cuando cualquiera de las conductas punibles
concurrentes con la que tenga señalada la pena más grave contemplare sanciones
distintas a las establecidas en esta, dichas consecuencias jurídicas se tendrán
en cuenta a efectos de hacer la tasación de la pena correspondiente. (…)
“14. Hasta ahora
ha sido criterio consolidado de la Sala que dicha norma establece tres
restricciones específicas en la dosificación de la consecuencia punitiva,
cuando quiera que concurran de manera homogénea o heterogénea varios delitos,
las cuales se concretan en
i). la
imposibilidad de exceder de 60 años la pena definitiva,
ii). la
prohibición de imponer una sanción que supere el otro tanto de la sanción
señalada para el delito base -el individualizado con la pena más alta- y
iii). la
inviabilidad de fijarla en un monto equivalente a la suma aritmética de las
penas individualmente consideradas.
“15.
Sobre el particular, en sentencia CSJ SP2998-2014, 12 Mar. 2014, rad. 42623 -reiterada
en CSJ SP12861-2015, rad. 38076; CSJ SP14845-2015, rad. 43868; CSJ
SP13350-2016, rad. 47588; CSJ AP5920-2017, rad. 50530, CSJ Sp4238-2021, rad.
58625, entre otras-, esta Corporación sostuvo lo siguiente:
“«El artículo 31 de la Ley 599 de
2000, prevé que a quien con una sola acción o una omisión, o con varias
acciones u omisiones, infrinja varias disposiciones penales, o varias veces la
misma disposición penal, se le impondrá una sanción equivalente a la prevista
para la pena más grave, aumentada “hasta en otro tanto”, sin que supere la suma
aritmética de las penas correspondientes a los respectivos delitos, debidamente
dosificados cada uno de ellos, y sin que la privación de la libertad exceda de
los 40 años de prisión, si se trata de un hecho ocurrido antes de la Ley 890 de
2004, pues esta aumentó hasta 60 años ese marco máximo.
Sobre
este precepto, la jurisprudencia de la Sala ha extractado las siguientes
conclusiones:
a) El
funcionario debe individualizar cada una de las penas concernientes a todas las
conductas punibles que entran en concurso. De esta manera, determina cuál
es, en el caso concreto, la que considera, según lo presupone la norma, “la
pena más grave”.
b) La
individualización de cada una de las penas que concursan tiene que obedecer a
los parámetros de dosificación previstos en el estatuto sustantivo, esto es, fijar los límites
mínimos y máximos de los delitos en concurso dentro de los cuales el juzgador
se puede mover
(artículo 60 del Código Penal); luego de determinado el ámbito punitivo
correspondiente a cada especie concursal, dividirlo en cuartos,
seleccionar aquél dentro del cual es posible oscilar según las circunstancias
atenuantes o agravantes de la punibilidad que se actualizaron y fijar la pena
concreta, todo
esto siguiendo las orientaciones y criterios del artículo 61 ibídem [CSJ
SP, 24 de abril de 2003, rad. 18856.]
c) Es a partir de dicha “pena
más grave” con la cual el funcionario encargado de dosificar la sanción
individualiza el incremento en razón del concurso. En principio, puede
aumentar el monto “hasta en otro tanto”. Esto significa que no es el doble de
la pena máxima prevista en abstracto en el respectivo tipo penal el límite que
no puede desbordar el juez al fijar la pena en el concurso, sino el doble de la
pena en concreto del delito más grave [Entre otras, ver CSJ SP, 25 ago. 2010, radicación 33458].
d) El incremento de “hasta en otro
tanto” de “la pena más grave” no puede, en ningún evento, superar la suma
aritmética de las que correspondan a los respectivos hechos punibles en
concurso, de conformidad con lo que prescribe el artículo 31 de la Ley 599 de 2000
[Entre otras, ver CSJ SP, 10 oct. 1998, rad. 10987].
e) En
todo caso, la pena del delito más grave incrementada por el concurso siempre deberá
arrojar como resultado un guarismo que no sea superior al de la suma
aritmética de cada una de las penas por los delitos concurrentes. Es decir, el incremento
punitivo no puede corresponder a la simple acumulación de sanciones, sino tiene
que representarle una ventaja sustancial al procesado. Según la Corte:
“Valga aclarar que la expresión suma
aritmética mencionada en el artículo 28 del C. P. [actual artículo 31]
es una limitante del ‘tanto’ en que puede aumentarse la pena por el número
plural homogéneo o heterogéneo de conductas delictivas que simultáneamente en
una actuación procesal deban sancionarse, pero nada tiene que ver esa suma
con el sistema denominado ‘acumulación aritmética’, el cual corresponde a la
aplicación del principio ‘tot delicia, tot poena’, y que significa agregar
materialmente las penas de todos los reatos, siendo su resultado la sanción a
imponerse.
El legislador colombiano, en el
código de 1980 como en el del año 2000, acogió en los artículos 26 y 31 en
mención el sistema de la adición jurídica de penas, que consiste en acumularlas
por debajo de la suma aritmética, sobresaliendo el hecho de que
el aumento punitivo se toma a partir de la sanción individualizada para el
delito base, sin importar la naturaleza y especie de la pena de los delitos
concurrentes, a condición de que en éstos prime la menor intensidad punitiva en
relación con la del básico y, en los eventos en que prevean adicionalmente una
consecuencia jurídica distinta a la prevista en ésta, como lo dicen las normas
citadas, se tendrá en cuenta, a efectos de hacer la tasación
correspondiente”[1]»[2].
“16. Concretamente,
frente a la última regla, la Sala ha venido estimando que cuando de concurso de
ilícitos se trata, es viable aumentar la pena base hasta en otro tanto de
la pena aplicada al delito más grave, siempre y cuando ese mayor valor de incremento
no supere la suma aritmética de cada uno de los delitos individualmente
considerados e individualmente tasados.
“17. Sin
embargo, una nueva aproximación al artículo 31 del Código Penal, que atiende
una correcta hermenéutica, anclada en su propio tenor, permite establecer que la suma aritmética de las penas individualmente
consideradas solamente está prohibida cuando quiera que el incremento punitivo
sobre la pena del delito más grave, por razón de las conductas punibles
concursales, exceda el otro tanto.
“18. Así, del
tenor del precepto examinado se infiere claramente el propósito del legislador
de establecer dos límites que interactúan recíprocamente para gobernar la
discrecionalidad del juez en eventos de concurso de conductas punibles: el
incremento por razón del concurso no puede ser superior al doble -hasta en
otro tanto, dice la norma”- de la pena tasada para la conducta
más grave, y éste a su vez, no puede ser superior a la suma aritmética de
las conductas concursantes con aquella.
“Esta
interpretación, entraña la obligación de que la suma aritmética de las
sanciones que correspondan a los respectivos punibles en concurso no supere el
doble de la delimitada para la infracción mayor, lectura esta que además de
emerger claramente del tenor literal de la norma, no desconoce los principios
de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, derivado de la máxima de
prohibición de exceso, en los términos del artículo 3º de la Ley 599 de 2000 y
que se ajusta a las funciones de la pena de retribución justa y prevención
especial.
“19. En efecto, advierte
la Corte que, la tesis que hasta ahora prohijaba en su jurisprudencia, impone
una restricción excesiva a la discrecionalidad reglada del funcionario judicial
en la tasación de la pena, que no se desprende de la norma y que, por ende, es
ajena al debido proceso sancionatorio.
“20. Ciertamente,
es indispensable destacar que, la intención del legislador, quien acogió la
iniciativa legislativa de la Fiscalía General de la Nación -proyecto de ley 40
de 1998-, fue la de mantener la misma estructura de acumulación jurídica de
penas, la cual, bajo el rito del artículo 26 del Decreto 100 de 1980,
explícitamente, contemplaba la regla de “hasta en otro tanto” y no preveía la
de la prohibición de la suma aritmética[3], misma
que, en todo caso, fue añadida en la Ley 599 de 2000, en clave de precisión,
para proscribir, se insiste, cualquier exceso por encima del doble de la pena
dosificada para el delito base.
“21. De este
modo, la pena del delito más grave, incrementada por el concurso, siempre
deberá arrojar como resultado un guarismo que no sea superior al otro tanto
y, por consiguiente, cualquier suma aritmética por encima de ese límite
infringe el principio de legalidad de la pena.
“22. En el
sentido anotado se corrige la jurisprudencia en cuanto a las reglas para la
tasación del concurso de conductas punibles”.
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