Acción de Revisión cuando la Corte Suprema haya cambiado favorablemente el criterio que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria
La Sala Penal
de la Corte, en decisión del 8 de septiembre de 2021, Rad. 55484 se refirió a
los alcances y requisitos de la causal de revisión del numeral 7º del art. 192
de la Ley 906 de 2004. Al respecto dijo:
Antecedentes y análisis
de la causal de revisión prevista en el numeral 7º del artículo 192 de la Ley
906 de 2004
“La
Corte en la decisión CSJ AP, 19 may. 2010, Rad. 32310 realizó un análisis
completo sobre la naturaleza de los motivos que permiten acceder a la acción de
revisión para la remoción de la cosa
juzgada, y, concretamente, sobre los antecedentes normativos y
jurisprudenciales de la causal de revisión prevista en el numeral 7º de la Ley
906 de 2004, por lo que, dada su absoluta pertinencia, a continuación, se
transliteraran los apartes pertinentes:
«Ya
en lo que atañe a la naturaleza de los motivos que permiten acceder a la acción
de revisión para la remoción de la res
iudicata, bien está recordar cómo hasta la expedición del Decreto 050 de
1987, éstos fueron limitados por el legislador a una serie de eventos
vinculados con el descubrimiento de hechos nuevos con capacidad de desvirtuar
la verdad declarada en el fallo, bien por la aparición de pruebas cuya
existencia ignoraba el juez al momento de fallar, ora por la comprobada
falsedad de aquéllas base de la condena.
“A partir de ese
ámbito de aplicación, donde se concibió la revisión básicamente como mecanismo
que permitía reabrir la discusión sobre lo fáctico por el surgimiento de
evidencias desconocidas al tiempo de los debates, esta Corporación en reiterada
jurisprudencia hizo énfasis en que no podía asimilársele a una instancia
adicional con virtud para lograr la enmienda de errores in iudicando o in procedendo en
que hubiera podido incurrir el sentenciador, pues para solucionar esos vicios
se contaba con el extraordinario recurso de casación.
“Con todo, al expedirse el Decreto 050 de 1987, se consagró un nuevo
motivo de revisión a fin de lograr la remoción de sentencias en firme
proferidas luego de consolidado el
fenómeno de la prescripción de la acción penal o respecto de actuaciones donde no hubiese mediado querella válidamente
formulada siempre que constituyera requisito de procedibilidad de la acción
penal.
“La introducción de esta causal sin duda implicó un giro conceptual en
torno a la naturaleza de la revisión, que como viene de verse, había hecho
radicar su esencia de manera invariable en aspectos íntimamente ligados al
distanciamiento evidente entre la verdad histórica declarada en el fallo y la
realmente acontecida, con virtud de demostrar la
inocencia del condenado.
“Así las cosas, el nuevo motivo de revisión introducido en el Decreto
050 de 1987, permitió la discusión de la firmeza del fallo con ocasión de temas
de estricto derecho vinculados a la legalidad del ejercicio de la acción penal,
bajo la consideración de que también éstos inciden en la justeza de la
sentencia, e implicó flexibilizar la concepción según la cual en sede de
revisión no son discutibles ni corregibles los errores de juicio o de
procedimiento acaecidos en desarrollo del proceso, pues a esas categorías y no
a otras corresponden aquellos defectos consistentes en dictar sentencia cuando
ha prescrito la acción penal, o adelantar y fallar el proceso sin que medie
querella, cuando ésta es requisito de procedibilidad.
“Esta tendencia de apertura de la revisión para debates distintos al
probatorio, posteriormente se reforzó con la expedición del Decreto 2700 de
1991, que además de cambiar su naturaleza de “recurso extraordinario” a
“acción” y de ampliar el ámbito de aplicación del motivo de revisión atrás
mencionado a “[…] cualquier otra causal de extinción de la acción penal”,
consagró uno más de estricto derecho, alusivo a los eventos en que “[…] mediante pronunciamiento judicial, la Corte
haya cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para sustentar la
sentencia condenatoria” .
“Acerca de esta última causal de revisión, fueron arduas las discusiones
sostenidas al interior de esta Sala en torno a su ámbito de aplicación, esto
es, si estaba llamada a operar sólo respecto del criterio emitido sobre
disposiciones sustantivas aplicadas al caso concreto o si se extendía a temas
anejos como el de la punibilidad, optándose en un primer momento por
restringirla a desarrollos jurisprudenciales sobre aspectos sustantivos base de
la condena con potencialidad de desquiciar la lógica total del fallo y conducir
a la absolución del sentenciado[1].
“El entendimiento de la causal en los términos antes dichos se mantuvo
inalterable hasta el 30 de septiembre de 2002, fecha última en que la tesis
hasta entonces disidente logró el apoyo de la Sala mayoritaria. Expresamente se
señaló en este precedente:
“[…]
A partir de la fecha la Sala entiende que el cambio favorable del criterio
jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria que la Corte
exprese en un pronunciamiento judicial suyo, es aplicable a la causal 6ª de
revisión en cuanto degrade, varíe de alguna manera favorable, o simplemente cambie
totalmente una situación de condena por una de absolución”.[2]
“La adopción de
este nuevo criterio se basó en lo fundamental en que la variación favorable de
la jurisprudencia de la Corte debía irradiar sus efectos tanto para los eventos
en los cuales su aplicación imponía la adopción de un fallo absolutorio, como
en aquellos en que implicaba una reducción en la pena impuesta, porque en el
contenido de justicia material de una sentencia es tan trascendental el tipo
básico como todas las circunstancias genéricas y específicas de agravación que
inciden en la dosificación de la pena.
“Desde entonces, la
Sala ha concebido que el entendimiento acerca de los aspectos vinculados a las
agravantes específicas consideradas en un caso concreto o respecto de las
circunstancias de mayor o menor punibilidad aplicadas por el fallador,
constituyen tema debatible en sede de revisión.
“Dicho criterio
jurisprudencial sin duda influyó en la redacción de esta causal de revisión
dentro de la Ley 906 de 2004, artículo 192-7, que a la letra señala:
“ART.
192.- La acción de revisión procede contra sentencias ejecutoriadas, en los
siguientes casos: […]
7.
Cuando mediante pronunciamiento judicial, la Corte haya cambiado favorablemente
el criterio jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria, tanto respecto de la responsabilidad como
de la punibilidad”. (se subraya)
“Como se observa,
la existencia de causales de revisión que involucran aspectos de puro derecho
es representativa de la tendencia legislativa y jurisprudencial de reconocer en
esta acción un mecanismo apto para remediar errores protuberantes de la
sentencia en firme, capaces de afectar la verdad allí declarada como
culminación del proceso penal, no necesariamente vinculados a aspectos fácticos
ignorados al tiempo de los debates, como acontece precisamente con los yerros
acaecidos en el proceso de dosificación punitiva, cuando fruto de ellos se
somete al sujeto pasivo de la acción penal a un castigo de mayor entidad del
que en estricto derecho le correspondía.
“Ello porque,
frente a errores como los acabados de mencionar, ni el Juez a quien corresponde
ejecutar la pena, ni mucho menos la Corte como tribunal de revisión, pueden
hacer la ficción de que tales vicios no confrontan la justicia misma del fallo,
ni abstraerse de la evidente vulneración de garantías fundamentales que de ese
modo se conculcan, por manera que corresponde a unos y otra proveer la solución
jurídica con miras a procurar la reparación del daño infligido y, con ello, la
restauración del orden jurídico».
“Por lo anterior, bajo
la égida de la Ley 906 de 2004, no sólo es posible invocar la causal 7ª del
artículo 192 cuando ha existido un cambio favorable en un pronunciamiento de la
Corte Suprema de Justicia, que afecte la responsabilidad del condenado, sino
que también es posible cuestionar la punibilidad, logrando que con el cambio
jurídico se atenúe la pena.
“En cuanto a los
requisitos específicos de procedencia de la acción de revisión, frente a la
causal que ahora se analiza, la Corte en la decisión CSJ AP1911-2020, Rad.
56759, recordó la línea jurisprudencial de la Sala, la cual ha sido pacífica y
reiterada sobre el tema (CSJ AP, 16 agost. 2011, Rad. 36428; CSJ AP, 2 may.
2012, Rad. 38829; CSJ SP, 11 jul. 2013, Rad. 40208; CSJ SP719-2015, Rad. 43934;
CSJ AP1039-2016, Rad. 46603; CSJ AP2228-2018, Rad. 50974; CSJ AP3330-2019, Rad.
55330; CSJ AP1037-2020, Rad. 55509; CSJ AP1091-2020, Rad. 54494; CSJ
AP1593-2020, Rad. 54426; CSJ AP1591-2020, Rad. 55907; CSJ AP1563-2021, Rad.
55969; CSJ AP3330-2021, Rad. 59506), así:
«La demostración de
esta causal presupone demostrar no solo que el fundamento de la sentencia cuya
rescisión se pretende es entendida por la jurisprudencia de modo diferente,
sino que, de mantenerse, comportaría una clara situación de injusticia, esto es,
enseñar, que si se hubiese conocido al momento de proferir el fallo cuya
recisión se pretende, los jueces la habrían aplicado modificando la decisión en
sentido favorable al penado.
“Lo anterior
significa que, para invocar la aplicación de esta causal, el demandante debe
cumplir los siguientes requisitos:
(I).- Que se dirija contra una sentencia
ejecutoriada cuya condena se haya fundamentado en un criterio jurisprudencial
específico de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal;
(ii).- Que el referente jurisprudencial de
la Sala Penal se cambie mediante un fallo proferido con posterioridad a la
providencia que se revisa; o
que aun siendo anterior no se hubiere aplicado al caso concreto y resulte
favorable a los intereses del sentenciado;
(iii).- Que a través de un análisis comparativo se pueda demostrar
que fundamentado en el nuevo razonamiento jurídico el proveído atacado habría
sido más beneficioso para el demandante (CSJ AP970-2015, 25
feb. 2015, rad. 45131).
“Igualmente, se
exige al actor acreditar la variación jurisprudencial de la Corte Suprema de
Justicia y explicar la incidencia que tiene en los argumentos de la sentencia
cuya revisión persigue, cuál es su aplicación al caso concreto y de qué manera
beneficia al condenado (CSJ SP, 17 oct. 2012, rad. 36793; CSJ SP, 11 jul. 2013,
rad. 40208; CSJ AP4250-2014, 30 jul. 2014, rad. 43940, entre otros)»
“Por la misma senda, en la la providencia CSJ
AP875-2021, Rad. 53841 se señaló –Ver en el mismo sentido CSJ AP099-2018, Rad.
47434; CSJ AP120-2018, Rad. 46659; CSJ AP5092-2018, Rad. 51475; CSJ SP431-2019,
Rad. 52868; CSJ AP500-2019, Rad. 49495; CSJ AP3061-2019, Rad. 49495; CSJ
AP4489-2019, Rad. 53298; CSJ AP130-2020, Rad. 49302; CSJ AP1074-2020, Rad.
57043; CSJ AP875-2020, Rad. 53841; CSJ AP2996-2021, Rad. 57775-:
“«Esta Corporación tiene establecido que, en aquellos eventos en los que se
invoca la causal contenida en el numeral 7º del artículo 192 de la citada normatividad
procesal, esto es, «cuando mediante
pronunciamiento judicial, la Corte haya cambiado favorablemente el criterio
jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria, tanto respecto de
la responsabilidad como de la punibilidad», corresponde al actor acreditar
los siguientes presupuestos:
(I).- La
identificación de una variación o del entendimiento diverso de un criterio
jurídico en las interpretaciones efectuadas por la Corte en sus
pronunciamientos judiciales (CSJ AP, 5 de dic 2002, rad. 18572).
(II).- La
identidad entre los supuestos contenidos en el fallo cuestionado y los que
dieron origen al cambio jurisprudencial (CSJ SP, 11 de feb 2015, rad. 43309).
(III).- La
falta de aplicación del criterio jurídico por virtud del desconocimiento de su
existencia o la emisión de la sentencia atacada con anterioridad a su
formulación (CSJ SP, 20 de ago. 2014, rad. 43624).
(IV).- Y
finalmente, la irrogación de efectos favorables al accionante frente a su
responsabilidad o su punibilidad.
“En concordancia, si en el respectivo examen se advierte la ausencia de
cualquiera de esos presupuestos, cuya concurrencia es exigida, al margen de la
admisión de la demanda, debe declararse infundada la causal de revisión” (CSJ
SP431-2019, Rad. 52868)».
“Y, en la decisión CSJ
AP9794-2017, Rad. 51012 –reiterada en CSJ AP558-2021, Rad. 56886; CSJ AP1966-2021,
Rad. 54387 y CSJ AP3256-2021, Rad. 58557- indicó:
«Así, para su
estructuración, corresponde al actor demostrar, de una parte, que con
posterioridad al fallo cuya remoción procura la Corte varió la interpretación
de su fundamento jurídico y, de otra, que existe identidad entre los supuestos
que dieron lugar al cambio de jurisprudencia y aquellos contenidos en la
sentencia cuestionada. Finalmente, es de su cargo demostrar que los efectos del
nuevo entendimiento jurisprudencial de la norma o instituto jurídico, resulten
favorables a los intereses del sentenciado, de modo que el criterio planteado
en el fallo contra el cual se dirige la acción resulte injusto.
“Desde luego, para tal
cometido es insuficiente invocar en forma abstracta la existencia de un
pronunciamiento de la Corte, o señalar una decisión concreta, pero que no
guarda relación con el asunto debatido en la sentencia cuya revisión se
demanda, pues se reitera, es necesario acreditar que de haber sido conocida por
los sentenciadores la nueva posición jurisprudencial, otro sería el sentido del
fallo»
“En tal
virtud, a tono con la previsión normativa y los precedentes de esta Corporación
antes citados, se tiene que los presupuestos sustanciales para invocar la
causal 7ª de revisión son los siguientes:
(I).- Que se dirija contra una sentencia ejecutoriada cuya condena
se haya fundamentado en un criterio jurisprudencial específico de la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal;
(II).-
Que la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, hubiese variado su
jurisprudencia o entendido de manera diversa una
norma o instituto jurídico;
(III).- Que exista identidad entre los
supuestos contenidos en el fallo cuestionado y los que dieron origen al cambio
jurisprudencial;
(IV).-
La falta de aplicación del criterio jurídico por virtud del desconocimiento de
su existencia o la emisión de la sentencia atacada con anterioridad a su
formulación;
(V).- Que a través de un análisis comparativo se pueda demostrar
que fundamentado en el nuevo razonamiento jurídico el proveído atacado habría
sido más beneficioso para el demandante, frente a su responsabilidad o su
punibilidad, de modo que
el criterio planteado en el fallo contra el cual se dirige la acción resulte
injusto;
(IV).- Que el concepto judicial soporte de la
solicitud, provenga de la Corte Suprema de Justicia, por ser esta Corporación
el máximo Tribunal de la jurisdicción ordinaria, atendiendo la función que
cumple de unificar la jurisprudencia nacional como ente de casación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 206 del Código de Procedimiento
Penal”.
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