El enriquecimiento ilícito de particulares concursa con estafa cuando corresponda a haberes provenientes de distinta fuente delictiva
La Sala Penal de la Corte,
en sentencia del 15 de junio de 2022, Rad. 54321, precisó que el delito de
enriquecimiento ilícito de particulares no concursa con el delito de estafa
cuando el incremento patrimonial deriva de forma exclusiva de las apropiaciones
cometidas mediante aquel delito. Al respecto, dijo:
“Pues bien, frente a la posibilidad de que el delito de estafa
concurse con el reato de enriquecimiento ilícito de particulares, la Corte en la decisión CSJ SP20949-2017, Rad. 45273, manifestó lo siguiente:
“Ahora bien, en principio, es posible señalar que,
el provecho ilícito al que se refiere la estafa, en últimas, consiste en un
goce, beneficio o utilidad que origina en favor del estafador un
enriquecimiento evidentemente ilícito, en tanto no tiene un origen legítimo o
causa jurídica real y, en ese orden de ideas, podría argumentarse que, la
conducta tipificada en el delito de enriquecimiento ilícito de particulares
consistente en un incremento patrimonial cuando no tiene fundamento en una
actividad legal sino en el delito de estafa, también estaría sancionado en este
último punible, por aquello de la obtención del provecho indebido que supone un
incremento injustificado e ilegal, dando lugar a un concurso ideal entre éste y
aquél.
“Lo anterior se hace evidente en los eventos en que
el provecho de la estafa es idéntico al del enriquecimiento ilícito, caso en el
que el concurso aparente de tipos tendría que resolverse por la senda del
principio de subsidiaridad tácito, porque en el marco de interferencia o intersección
parcial de sus elementos normativos existiría una suerte de nexo instrumental
que habría de inclinarse por el delito contra el patrimonio económico que
abarca de manera más extensa el injusto, en tanto la concurrencia de actos
lícitos posteriores a la estafa, son inherentes al mismo aprovechamiento de la
conducta lesiva.
“No obstante, esta Corporación ha sido del criterio
de que el enriquecimiento ilícito, tanto en la modalidad propia de los
funcionarios o en el referido a los particulares, puede concursar de manera
efectiva con el delito fuente, a condición de que lo apropiado y lo que ha
enriquecido ilícitamente al individuo, corresponda a haberes provenientes de
distinta fuente delictiva…
“Por ese motivo, no obstante que la Sala ha
admitido las posibilidades concursales reales o ideales en diversas variables
de concurrencia de conductas punibles asociadas con el enriquecimiento ilícito
de funcionarios y de particulares[1], es necesario subrayar que en todo caso, para su configuración, se
requiere la presencia de conductas óntica y normativamente separables o
inconexas[2], lo cual resultará siempre problemático de establecer cuando el delito
fuente entraña en su propia terminación una forma de enriquecimiento
patrimonial.
“Es lo que sucede con las conductas punibles
lesivas del patrimonio económico, concretamente con el delito de Estafa, en el
que hace parte de su misma estructura típica la obtención de un provecho
ilícito, no solamente como propósito finalístico constitutivo del dolo, sino
también como elemento indispensable para la conformación del injusto penal.
“En tales eventos, se hace necesario separar la
obtención del provecho económico –directo o indirecto- propio de la conducta
fuente, de otras actividades delictivas posteriores, susceptibles de generar un
enriquecimiento ilícito distinto al que es inherente a su comisión, pues
habiendo identidad en el origen ilícito de los recursos, se estaría en un
momento del iter criminis
correspondiente a la consumación material o acabamiento de la conducta, como
resultado final del hecho que aunque no encaja en la descripción típica, si es
su consecuencia, y, por lo tanto, indicaría la presencia de un concurso
aparente de delitos. (…)
“Con esa corrección que la Sala introduce al
tratamiento del delito de enriquecimiento ilícito en torno a la consideración
del bien jurídico tutelado, se propone evitar el tratamiento equívoco de
concurso material de conductas punibles a comportamientos que encajan en un
solo tipo penal, de cara al ámbito de protección ofrecido por la norma al bien
jurídico tutelado (dígase, Estafa y Enriquecimiento ilícito de particulares),
cuando no se establece probatoriamente que el incremento patrimonial atribuido
al procesado pueda tener un origen ilegal distinto a aquella conducta fuente,
sobre la cual se emite el reproche penal, debiéndose tratar tales
comportamientos como hechos posteriores copenados impunes en virtud del
principio de consunción.
“Lo contrario, significaría separar la
realización y aseguramiento del injusto penal, transgrediéndose la garantía constitucional de no ser juzgado dos
veces por el mismo hecho, circunstancia anómala que se facilita cuando se asume
la impropiedad de un bien jurídico idealizado y genérico.
“Obviamente, el tratamiento de hecho posterior
copenado impune de la conducta ulterior, puede dispensarse en la medida en que
se presente una unidad de acción, exista de parte del sujeto una sola finalidad
y se lesione el mismo bien jurídico protegido, como en los casos en que el
hecho previo creó un estado patrimonial antijurídico, que se perpetúa o
profundiza por el hecho posterior[3], pues en tales eventos el desvalor de la acción subsiguiente se
encuentra comprendido dentro del desvalor del tipo consumante, antecedente o
delito fuente.
“Por último, no obstante la consideración que se ha
hecho sobre que el enriquecimiento ilícito de particulares es un delito
autónomo, debe decirse que el incremento del patrimonio personal o de un
tercero, bajo esas condiciones, no determina, per se, la existencia de un concurso efectivo de conductas
punibles, pues en tales circunstancias no deja de representar una ganancia
antijurídica proveniente del primer hecho, salvo que se demuestre la ruptura
del nexo causal, óntico y normativo, entre el delito fuente y la conducta
posterior».
“Con
esa comprensión, se tiene que, en este caso, la fiscalía no logró acreditar que
lo apropiado como consecuencia del delito de estafa en modalidad masa y el
incremento patrimonial del enriquecimiento
ilícito de particulares en la suma
de $401.394.250, corresponden a haberes provenientes de distinta fuente
delictiva; todo lo contrario, el Tribunal encontró y condenó a los implicados
por este último reato luego de considerar que el incremento patrimonial del
delito de enriquecimiento ilícito de particulares se derivaba «única
y exclusivamente» de las
apropiaciones obtenidas por medio de la comisión del delito de estafa agravada
en la modalidad de delito masa, bajo la aparente compra y venta de automotores.
“Por lo tanto, en el presente asunto existe un concurso aparente de delitos, dado que el provecho económico obtenido y el incremento patrimonial provienen de la misma fuente, a tal punto que no pueden escindir –el delito de estafa agravada en modalidad de delito masa-; convergencia que debe resolverse por la senda del principio de subsidiaridad tácito, porque en el marco de interferencia o intersección parcial de sus elementos normativos existiría una suerte de nexo instrumental que habría de inclinarse por el delito contra el patrimonio económico, que abarca de manera más extensa el injusto (CSJ SP20949-2017, Rad. 45273).
[1] “Así, por ejemplo, Enriquecimiento ilícito con Peculado o Cohecho;
Enriquecimiento ilícito de particulares y con cualquiera de los delitos
que afectan la Administración Pública; Enriquecimiento ilícito con Lavado de
activos; e, incluso, Enriquecimiento ilícito de particulares con Estafa. Cfr.,
por todo, CSJ SP,
9235-2014, rad. 41800”.
[2] “En verdad, la separación óntica a la que en decisiones precedentes ha
aludido la Sala no es propiamente un criterio de diferenciación entre los
concursos material y aparente de delitos, pues igual en estos últimos,
tratándose de actos posteriores copenados, se precisa de un segundo
comportamiento óntico que permita completar la finalidad del delito fuente. Lo
relevante es si existe conexión entre las dos realidades ónticas”.
[3] “MAURACH,
Reinhart / GÖSSEL, Karl Heinz / ZIPF, Heinz. Derecho Penal.
Parte General 2. Astrea. Buenos Aires. 1995, p. 590”.
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