La prescripción, cuando el autor de la conducta es un servidor público, puede superar el término de 10 años
La Sala Penal de la Corte, en auto del 2 de
septiembre de 2026, Rad. 72877, precisó que la prescripción cuando el autor de
la conducta es un servidor público puede superar el término de diez años. Al
respecto, dijo:
30. La prescripción de la acción penal
presenta una doble connotación: de una parte, materializa el límite temporal
para el ejercicio de la potestad punitiva del estado y, a su vez (como
consecuencia del mismo), se constituye en una garantía fundamental del
procesado, pues asegura que su situación jurídica se defina dentro de un plazo
razonable y conocido (CSJ SP2230-2022, rad. 57221 y SP2214-2024, rad. 61228).
“31.
Sus términos los define la ley. En caso de que la prescripción ocurra, debe
declararse incluso de manera oficiosa (CSJ SP2542-2022, rad. 42440, SP294-2023,
rad. 50932, y AP3194-2025, rad. 58414).
“32. El artículo 83 del Código Penal establece que
la acción penal prescribe en el máximo de la pena fijada en la ley sin que, por
regla general pueda ser superior a 20 años.
“33. El
término de prescripción se interrumpe con la formulación de la imputación,
como lo establece el artículo 86 del Código Penal y el artículo 292 de la Ley
906 de 2004. A partir de ese acto procesal empieza a correr de nuevo por la
mitad del término máximo sin que, por regla general, pueda exceder los 10 años.
“34. Ahora bien, el artículo 83 prevé que en los casos en que el autor de la conducta es un servidor
público, el término de prescripción se aumenta en la tercera parte si los
hechos ocurrieron antes de la entrada en vigencia de la Ley 1474 de 2011, o
en la mitad, una vez entró a regir.
“35. El
tope del término máximo de prescripción de los 20 años en investigación es la
regla general de contabilización dispuesta por el legislador, que tiene
como una de sus excepciones el incremento para los servidores públicos, frente
a quienes es posible exceder ese tope legal una vez realizado el respectivo
aumento.
“36. Nótese que el
artículo 83 del C.P. refiere excepciones al régimen ordinario de prescripción
de los 20 años, bien en atención a la gravedad de la conducta (30 años para
genocidio, desaparición forzada, tortura) o bien a la naturaleza del bien
jurídico (régimen especial para los delitos sexuales).
“37. En este
sentido, el inciso de los servidores públicos se inserta en esa misma lógica
de excepciones: el legislador considera que ciertas conductas ameritan un
régimen distinto, bien sea en atención a la gravedad de la conducta, la
naturaleza del bien jurídico o al sujeto activo, casos en los que no tiene
aplicación «el límite máximo fijado».
“38. Así quedó
expresado en la ponencia para el primer debate del proyecto de ley por medio
del cual se expidió el Código Penal (Ley 599 de 2000)
(…) que el delito cometido por
persona indeterminada reviste la misma gravedad y produce los mismos efectos
independientemente de quien lo cometa. El delito perpetrado por un empleado
público en ejercicio de sus funciones o de su cargo o con ocasión de ellos, en
cambio, además de vulnerar determinados bienes jurídicos tutelados, lesiona los
valores de la credibilidad y de la confianza pública, lo cual justifica que la
pena a imponer sea mayor.
La mayor punibilidad para los delitos cometidos por
servidores públicos—reflejada en las causales genéricas o específicas de
agravación responde a la necesidad de proteger más eficazmente a la sociedad
del efecto corrosivo y demoledor que la delincuencia oficial tiene sobre la
legitimidad de las instituciones públicas. (C-345-95)
Como
ha quedado expuesto anteriormente, la diferencia de trato entre empleados
oficiales y particulares, en materia de prescripción de la acción penal, se justifica por la existencia de la
potestad estatal para fijar la política criminal frente a determinados delitos
según su gravedad, complejidad, consecuencias y dificultades probatorias, sin
que sea posible afirmar la vulneración del derecho a la igualdad[1].
“39. Igualmente, para
el caso de los servidores públicos, el aumento del término de prescripción fue
una de las medidas penales adoptadas por la Ley 1474 de 2011 (Estatuto
Anticorrupción) para fortalecer «los mecanismos de prevención,
investigación y sanción» de actos de corrupción, de suerte que, tiene por
finalidad dotar al Estado de más tiempo para ejercer la acción penal en los procesos
que se siguen en su contra.
“40. Para el caso
de los servidores públicos opera un régimen de prescripción reforzado y
especial, en ese sentido, el incremento se aplica en la etapa de instrucción
al máximo de la pena, por lo tanto, puede exceder el límite de los 20
años, fijado en el artículo 83 del C.P., inc. 1°.
“41. Así las
cosas, al dividirse en la mitad, tras la interrupción del término de
prescripción, puede exceder los 10 años referidos en artículo 86 del C.P., inc.
2.°, precisamente en aquellos casos en los que excede el tope de los 20 años de
la etapa de instrucción, pues después de la interrupción corre la mitad del
término inicial.
“42.
En el presente caso la audiencia de formulación de imputación tuvo lugar el 17
de agosto de 2015. Los hechos constitutivos de las conductas de prevaricato por
acción agravado ocurrieron el 11 de marzo, 29 de julio y 13 de noviembre de
2014; y, los de la concusión en noviembre de 2014.
“43.
El delito de prevaricato por acción agravado tiene una pena máxima de 192
meses. El delito de concusión una pena de 180 meses. Los máximos se incrementan en la mitad por
la condición de servidor público del acusado y la fecha de los hechos (2014). En
consecuencia, el término máximo definitivo para el delito de prevaricato por
acción agravado es de 288 meses o 24 años; y, para el delito de concusión
es de 270 meses o 22.5 años.
“44. Así,
como las conductas se cometieron en el año 2014, la acción penal prescribiría
en el año 2038 para el prevaricato por acción agravado, y, en el año
2037 para la concusión, esos son los tiempos máximos en los que se
hubiera podido formular la imputación. Sin embargo, la prescripción de la
acción penal se interrumpió con ese acto procesal que se realizó el 17 de
agosto de 2015.
“45. Desde el 17 de agosto de 2015 se cuenta la mitad del máximo de
la pena dispuesta para cada uno de los delitos como término con que cuenta el
Estado para proferir el fallo de segunda instancia. La mitad del máximo del
delito de prevaricato por acción agravado son 144 meses, o 12 años, y
del delito de concusión son 135 meses, o 11 años y 3 meses.
“46. En
ese orden de ideas, para el delito de prevaricato por acción agravado,
la prescripción después de interrumpida se cumple el 17 de agosto de 2027 (12
años, la mitad del máximo de 24 años, contados desde la formulación de
imputación). En lo que respecta al delito de concusión, se cumple
el 17 de noviembre de 2026 (11 años y 3 meses desde la formulación de
imputación).
“47. Bajo estos lineamientos, precisamente, la
primera instancia en la sentencia objeto de recurso, examinó de oficio la
eventual prescripción respecto de los delitos de prevaricato por acción
agravado y concusión, y concluyó que la acción penal por dichas conductas se
encontraba vigente. Precisó que el fenómeno extintivo operaría únicamente hasta
el “15 de agosto de 2027” y el “13 de noviembre de 2026”, respectivamente, bajo
el equivocado entendido de que la formulación de imputación ocurrió el “15 de
agosto de 2015”. El día correcto es el
17 de agosto de 2015 [2].
“48. Así las cosas, conforme a lo expuesto, la
acción penal se encuentra vigente y no hay lugar a su extinción por
prescripción”.
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