La paz como derecho y deber constitucional

Escribir acerca de la violencia socio-política, traduce escribir no de manera exclusiva sobre la guerra de guerrillas, sino acerca de la guerra que ha hecho presencia a través de indistintas manifestaciones, al punto que podría decirse que aquella ha sido permanente en la historia colombiana.

En efecto, la guerra se ha manifestado, entre otras expresiones: (i).-como guerra contra la conquista y colonización española, (ii).- como rebelión anti-esclavista en los palenques, (iii).- en la revolución de los Comuneros, (iv).- la guerra de los mil días, (v).- de terratenientes contra indígenas y campesinos, (vi).- guerrillas liberales, (vii).- entre liberales y conservadores en los años 1948 a 1953, (viii).- guerra irregular de guerrillas con la aparición de las FARC, ELN, EPL, PRT, Quintin Lame, M-19, (ix).- guerra entre Carteles de la droga (el de Medellín y el de Cali), (x).- guerra entre esmeralderos, (xi).- guerra entre paramilitares y subversión, (xii).- guerra del paramilitarismo y el proyecto para-político que le apostó a la refundación de un Para-Estado Mafioso en el objetivo de apoderarse de la mayoría de instituciones, (xiii).- guerras jurídicas adelantadas en perjuicio de contradictores políticos, (xiv).- guerras de injurias y calumnias entre militantes y simpatizantes de distintos partidos políticos que se alimenta, retro-alimenta, reproduce y multiplica desde la tribuna, medios de comunicación y redes sociales.

En esa mirada, es dable afirmar que la dinámica de los conflictos, violencia socio-política-económica y los estadios de guerra, incluidos los verbales, al interior de la sociedad colombiana, no han sido goteos ocasionales, sino expresiones permanentes, simultáneas y multi-variadas a lo largo de su historia republicana.

En la actualidad frente a los diálogos de paz en la Habana, las miradas giran alrededor de la culminación del conflicto armado con las FARC, organización que con el transcurso del tiempo y ejercicio de la guerra permanente, transformó la pretendida guerra revolucionaria en expresiones de violencia indiscriminada y actos terroristas, al extremo que desgastaron el argumento de <guerra justa>, trasfiguraron los conceptos de <delito político> y <conductas revolucionarias>, y se trasmutaron en un aparato organizado criminal confundido en la práctica entre el terrorismo, violaciones al Derecho Internacional Humanitario y el negocio del narcotráfico, valga decir, en un aparato consumador de crímenes de lesa humanidad, atroces, y crímenes de guerra, mezclados con los de delincuencia común.

No obstante, lo cierto es que de acuerdo con nuestra Constitución Política en su artículo 22: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, valga decir, es un derecho individual, colectivo y, además, constituye deber del Estado, del gobierno, de la sociedad colombiana y los ciudadanos construirla, exigirla y apostarle a ese propósito. 

Por tanto, al interior de ese mandato entendido como derecho y deber es como debemos acercarnos para apoyar los diálogos de paz de la Habana, con miras a los acuerdos, al referendo y a la denominada fase del pos-conflicto, la cual es más preciso llamarla fase de los pos-acuerdos.

En esa mirada y contexto nos corresponde aprehender y asimilar que en los diálogos de la Habana no se está entregando el país a las FARC ni al "Castro- Chavismo" como son los argumentos de la extrema derecha que ha construido su estrategia electoral manipulada a partir de la propaganda del miedo ante la llegada de un próximo régimen comunista.

En igual sentido, es dable discernir que los diálogos de la Habana no están montados de manera coyuntural y exclusiva sobre el propósito de reelección del Presidente Juan Manuel Santos, como son los argumentos que se escuchan de parte de los contradictores de extrema derecha, quienes a través de la falacia del miedo, lo acusan, de comunista, guerrillero, de aliado incondicional del terrorismo; de haber traicionado el mandato ciudadano cuando fue elegido como primer mandatario de los colombianos.

Por el contrario, nuestro derecho a la paz sin espanto y el deber sin desaliento de su búsqueda y consolidación, es una necesidad histórica y constitucional que constituye preponderancia en la agenda del actual gobierno que se halla inmerso en esa dinámica acertada, y como derecho y deber constitucional corresponde aprehenderla a todos los partidos políticos, incluidos  los de la oposición, y desde luego a todos los ciudadanos en la mirada de reflexionar acerca de ese derecho.

Por tanto, la discusión acerca de los diálogos de la Habana corresponde no des-politizarla, pues se trata de una negociación política al conflicto armado, con concesiones de parte y parte, sino que corresponde sacarla y aislarla de los escenarios del miedo, del pánico propagandístico construido de manera artificiosa por la extrema derecha que se opone a la reelección del Presidente Santos, bajo el argumento que los diálogos, acuerdos y búsqueda de la paz constituyen una negación a la justicia y apuestas hacia la impunidad total.

En efecto, la discusión sin miedo a la paz entendida como nuestro derecho y deber, merece que la pongamos en el lugar exacto que corresponde, para ponernos a reflexionar de manera individual y colectiva acerca de si nos hallamos dispuestos a reclamar, exigir, construir ese derecho y cumplir con ese deber, o si por el contrario, como negación a ese derecho y deber preferimos continuar en ese túnel de la guerra sin fin y el holocausto sin realizar ninguna clase de esfuerzos, incluidos los costos de impunidad parciales que son inherentes a todo proceso de paz, y de los cuales se encargarán las normativas de justicia transicional que se adoptarán al interior del Marco Jurídico para la Paz, las cuales no podrán otorgar tratamientos de impunidad total ni desconocimiento al Tratado de Roma en lo que corresponde a crímenes atroces y de lesa humanidad.

La paz como derecho y deber no es inmediatista, ni se expresará en los acuerdos de la Habana, incluso ni siquiera logrará consolidación en el referendo que se apruebe. 

Por el contrario, la paz ética-social en esa mirada de derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas, pues no es dable construir paz y democracia a partir de la mentira, la impunidad total o el olvido acrítico, constituye un proceso a mediano y largo plazo, no de reconstrucción del viejo pacto social en crisis, sino de construcción de un nuevo pacto democrático, con miras a la integración social y política de la insurgencia armada, lo cual traduce que a las nuevas expresiones de democracia política, económica y social que harán parte de la agenda legislativa posterior al referendo, no le debemos tener ninguna clase de temores, ni atender a los llamados de pánico colectivo construidos por la extrema derecha ante sus alertas manipuladas de invitar a votar contra la llegada del comunismo, toda vez que de lo que se trata es de construir equilibrios, en el objetivo que la violencia y el despotismo de las armas abandonen la política de la guerra indiscriminada y se conviertan en debates ideológicos al interior de un partido con acceso real a la vida democrática.

En igual sentido, corresponde reflexionar que la paz como derecho y deber no se circunscribe a la derrota militar, al aniquilamiento de los enemigos, ni a la humanización de la guerra para que continúe el negocio de las armas, toda vez que ninguna guerra es dable dignificarla.

Por el contrario, la paz debe avanzar con voluntades políticas sub-versionadas y consensuadas hacia la construcción de la re-legitimación del sistema y el Estado a través de profundas y estructurales reformas en temas de reforma agraria, derecho fundamental a la salud, a la educación, derecho al trabajo, a la vivienda, recursos naturales, medio ambiente, reformas a la justicia, entre otras, todas ellas en la apuesta de atacar, superar estados de corrupción desbordada, exclusiones políticas, económicas, sociales, y en la apuesta de convertir en avances de realidad al Estado Constitucional social y democrático de derecho.

Germán Pabón Gómez

Popayán, junio de 2014

El Portal de Shamballa