Censura de indicios en casación penal, rutas metodológicas contra el hecho indicador, por falso juicio de existencia, falso juicio de identidad y, falso juicio de legalidad
I. Líneas de jurisprudencia.
La Sala Penal desde la sentencia de octubre 20 de 1999, Rad. 11113,
reiterada el 4 de abril de 2000, Rad. 12218, el 7 de noviembre de 2002, Rad.
14286, y el 9 de mayo de 2018, Rad. 45889[1], entre
otras, a partir de la estructura formal del indicio con su hecho indicador
debidamente probado, inferencia lógica y hecho
indicado-conclusión, ha reiterado la línea jurisprudencial, donde ha
trazado, con detalles, la ruta y el método que se debe seguir cuando se trate
de atacar indicios en casación penal.
La Sala Penal en sentencia de octubre 20 de 1999, Rad. 11113, al
respecto, dijo:
“El indicio —dijo la Sala recientemente—[2]
es un medio de prueba que permite el conocimiento indirecto de la realidad”.
“Supone la existencia de un hecho indicador que debe encontrarse
demostrado a través de cualquiera de los medios probatorios autorizados por el
Código de Procedimiento Penal, del cual es derivable la existencia de otro
hecho mediante un proceso de inferencia lógica”.
“Como prueba que es, cuando se alegan en casación defectos en su
apreciación como fundamento de la violación de la ley sustancial, la vía de
ataque debe ser la indirecta y en tal medida es obligación del recurrente
señalar el tipo de error en el cual se incurrió, su modalidad y si el mismo se
predica del hecho indicador, de la inferencia lógica o de la manera como los
indicios se articulan entre sí, es decir su convergencia, concordancia y fuerza
de convicción por su análisis conjunto”.
“Si la equivocación se predica del hecho indicador y se toma en
consideración que debe estar demostrado con otro medio de prueba, los errores
susceptibles de plantearse son tanto de hecho como de derecho”.
“De hecho: Porque la prueba de la circunstancia conocida pudo haberse
supuesto; O porque pudo haberse dejado de apreciar otro medio demostrativo que
la neutralizaba o disolvía; O porque se tergiversó su contenido material
haciéndola decir algo que no decía; O porque el proceso de valoración que condujo
a la afirmación de la premisa a partir de la cual se hará luego la inferencia,
se apartó de los principios de la sana crítica”.
“De derecho: “Porque el juzgador pudo haber admitido y valorado como
prueba fundante del hecho indicador alguna irregularmente aportada al proceso y
por lo tanto inválida”.
“Como en ningún caso la prueba indiciaria está dentro del proceso
penal sometida a tarifa legal, es obvio que frente a ella la modalidad de error
de derecho conocida como falso juicio de convicción no es susceptible de ser
propuesta a través del recurso extraordinario de casación”.
“Ahora bien, cuando el error se predica de la inferencia lógica, ello
supone: —como condición lógica del cargo—aceptar la validez de la prueba del
hecho indicador, ya que si ésta es discutida sería un contrasentido plantear al
tiempo algún defecto del juicio valorativo en el marco del mismo ataque”.
“Existe la posibilidad, no obstante, de refutar el indicio tanto en la
prueba del hecho indicador como en la inferencia lógica, sólo que en cargos
distintos y de manera subsidiaria. La inferencia lógica, entonces, es atacable
en casación. Pero en atención a que la
misma es el resultado de un proceso intelectual valorativo, la única vía
posible para hacerlo es el error de hecho por transgresión ostensible de los
principios de la sana crítica”.
“La hipótesis supone, por lo tanto, la aceptación del hecho indicador
y la demostración de que el juzgador realizó un juicio de valor en contravía de
las leyes de la ciencia, los principios de la lógica o de las reglas de la
experiencia[3].
“Así las cosas, para que el cargo quede correctamente formulado es
imprescindible concretar el error y demostrar cómo ha sido transgredida o
desconocida una ley científica, un principio de la lógica (que no niegue ni
desconozca la unidad del ser) o una regla constante de la experiencia común o
aceptada y practicada en medios especializados en una determinada materia. Se
precisa, además y ello es obvio, la fundamentación correspondiente a la
trascendencia del error”.
“La Sala ha sido reiterativa en lo precedente y también ha señalado
que cuando de atacar dicho medio probatorio en casación se trata, no puede
desconocerse que por su naturaleza misma su valoración es de conjunto, siendo
el vínculo que surge entre los diferentes indicios (su concordancia y
convergencia) el que hace que la conclusión crezca desde la probabilidad hasta
constituir certeza”.
“En consecuencia, aunque el ataque a los hechos indicadores debe ser
independiente, ello no significa en manera alguna que el conjunto indiciario,
cuya fuerza de convicción depende de que se le estime globalmente, pueda dejar
de ser enfrentado por el demandante”[4].
A su vez, la Sala Penal, en auto de julio 22 de 2009, Rad. 31338,
dijo:
“(i).
Cuando se ataca la prueba del hecho indicador cabe la posibilidad de formular
errores de hecho derivados de falsos juicios de existencia cuando el juzgador
hubiese supuesto la prueba que lo soporta”.
“Por
esta modalidad también es dable plantear cuestionamientos cuando los jueces
hubiesen omitido o ignorado considerar los medios de prueba en los que tuviesen
asiento hechos indicadores de circunstancias excluyentes de la forma de
participación atribuida o indicadores de una conducta ausente o incluyente de
responsabilidad penal”.
“Además,
puede ser objeto de censura por el sendero del error de hecho derivado de
falsos juicios de identidad, cuando el fallador hubiese efectuado
tergiversaciones o distorsiones fácticas a los elementos materiales probatorios
o a las evidencias físicas, al hacerle decir a éstos lo que no dicen o por
impedirles expresar lo que aquellos muestran, resultado que se produce por
agregados o cercenamientos”.
“En
esa medida, el juzgador da por existentes hechos indicadores que no tienen
soporte y como tales no podían ser utilizados para efectuar inferencias
lógicas, o por la vía de aquellas supresiones o aumentos desecha hechos
indicadores que habrían sido de utilidad para la construcción de procesos
deductivo-inductivos”.
“En esa proyección, demostrada la
inexistencia jurídica de los medios de prueba, elementos materiales probatorios
y evidencia física conforme a los dictados del artículo 29 de la Carta Política
en donde se ordena tener por nulos de pleno derecho, es decir, inexistentes,
los que se hubiesen aducido, producido o incorporado con violación del debido
proceso, por efectos de correspondencia se comprenderá que también lo serán los
hechos indicadores que de aquellos se deriven”.
“(ii).
Los indicios también pueden ser objeto de impugnación en lo que dice relación
con el proceso de inferencia lógica en cuyo caso, partiendo de la aceptación de
la existencia material y jurídica del medio de convicción, corresponde
demostrar que de aquel o aquellos hechos indicadores no se podía deducir o
derivar el hecho indicado o lo concluido, sino a través del menoscabo o
atropello de las máximas de experiencia, las leyes de la lógica o de la
ciencia”.
“En
el anterior evento se debe utilizar la metodología sustancial cuando de la
censura de errores derivados de falso raciocinio se trata, desde luego teniendo
como referente inicial el fenómeno o fenómenos indicantes con los que se ha
construido la singular inferencia que se acusa de ilógica y se pretende
derruir”.
“(iii).
Y, desde luego que otro de los extremos objeto de acusación en tratándose de
indicios es el relativo a la articulación individual o plural de los mismos
entre sí o de aquellos con los otros medios de prueba autónomos en lo relativo
a la fuerza demostrativa o poder de persuasión”.
“En
este evento corresponde demostrar que la convergencia efectuada en la sentencia
por los juzgadores a los diferentes indicios o de estos con los restantes
medios de convicción, se realizó con trasgresión de los postulados de la sana
crítica pues no se puede elaborar una censura de manera libre como alegato de
instancia, y que en esa medida no tenían la fuerza ni la capacidad de construir
entre ellos el grado de verificación de la certeza”.
“Esta
modalidad de impugnación respecto del poder de persuasión, puede formularse,
objetivarse y demostrarse de manera independiente, pero desde luego, también
puede ser complementaria de las otras maneras de impugnar el indicio vistas”.
“Además,
debe precisarse que en los casos en que se elaboran censuras por las
modalidades antes vistas, corresponde al censor detenerse en la trascendencia
de los errores cometidos y ocuparse de demostrar por vía de la posibilidad
argumentativa que, de no haberse incurrido en esas falencias, los sentidos
sustanciales de lo fallado habrían podido ser otros, aspectos que deberán de
señalarse”[5].
En la sentencia del 11 de octubre de 2017, Rad. 50940, dijo:
“Cuando el reproche se orienta a debatir la prueba
indiciaria, el demandante está obligado a precisar si la equivocación se
cometió respecto de la valoración de las pruebas a partir de las cuales se
acreditó el hecho indicador, o sobre la inferencia lógica, o en el proceso de
valoración conjunta, esto es, en su articulación, convergencia y concordancia
entre los diversos indicios con los demás medios de prueba (CSJ, SP 30/03/06,
Rad. 24468; 24/01/07, Rad. 26618; 18/04/12, Rad. 38204, entre otros).
“Si de las pruebas demostrativas del hecho indicador
se trata, el impugnante debe identificar cada una de las que fueron apreciadas
erróneamente, precisando si el vicio fue producto de un error de hecho o de
derecho y cuál la especie del falso juicio cometido: de existencia, identidad o
raciocinio, en el caso del error de hecho, o de legalidad o convicción, en el
supuesto del error de derecho.
“Si la censura apunta a la inferencia lógica, el
censor debe cumplir dos exigencias: admitir la validez en la construcción del
hecho indicador y demostrar que el juzgador incurrió en un falso raciocinio,
esto es, que infringió los postulados de la sana crítica, debiendo, por tanto,
concretar cuál de sus componentes —leyes científicas, principios lógicos o
máximas de la experiencia— fue omitido, así como el que resultaba aplicable.
“Igual vía corresponde aducir cuando la queja apunta
al análisis de la convergencia y congruencia de los indicios, entre ellos y con
las restantes pruebas, o a la conclusión judicial de conferirle o negarle
eficacia a aquellos.
“Por último, si lo que se pretende demostrar es que
fue omitido un indicio existente, o supuesto uno no obrante, debe invocarse el
error de hecho por falso juicio de existencia, caso en el cual el demandante
ostenta la carga de construir el medio de prueba indirecto”[6].
II. Ruta metodológica para la censura de indicios.
De acuerdo con los precedentes reiterados y, matizados en indistintas
sentencias, se derivan las siguientes rutas metodológicas:
(a). Los juicios casacionales contra el indicio transitan, siempre,
por el sendero de la violación indirecta de la ley sustancial, conforme a la
causal tercera del art. 181 de la Ley 906/2004[7].
(b). Los juicios casacionales contra el indicio se pueden desarrollar:
(i). Contra el hecho indicador, cuando no se halle probado, por
error de hecho derivado de falso juicio de existencia por suposición probatoria
(55641).
La Sala Penal en sentencia del 28 de octubre de 2020, Rad. 55641 al
respecto, dijo:
“También ha señalado que para
construir un indicio debe existir un hecho indicador debidamente constatado, de
manera que es necesario señalar cuáles son las pruebas del mismo y qué valor se
les confiere. Si no se cuenta con pruebas del hecho indicador, o existiendo no
se les da credibilidad, no puede declararse probado y, por ende, tampoco puede
intentarse la construcción de ningún indicio”[8].
(ii). Contra el hecho indicador, cuando no se halle debidamente
probado —lo cual exige al juez la contemplación de todas las hipótesis
confirmantes e invalidantes de la deducción—, por error de hecho derivado de
falso juicio de existencia por omisión de valoración probatoria.
La Sala Penal en sentencia del 26 de junio de 2024, Rad. 56667, al
respecto dijo:
“Asimismo, el ad-quem olvidó lo que la jurisprudencia ha señalado, en
cuanto a que la ponderación del indicio exige al Juez la contemplación de todas
las hipótesis confirmantes e invalidantes de la deducción, porque sólo cuando
la balanza se inclina seriamente hacia las primeras y descarta las segundas,
puede afirmarse la gravedad de una prueba que por naturaleza es contingente. Y,
por lo tanto, la obligación de considerar todas las variables que pueden
afirmar o desvirtuar la inferencia extraída de un determinado hecho indicante,
surge de la naturaleza contingente del indicio, la cual impone, para
otorgársele valor probatorio, que no se trate de una simple posibilidad entre
muchas otras. Pautas que no fueron acatadas por la segunda instancia” [9].
(iii). Contra el hecho indicador, por error de hecho derivado de
falso juicio de identidad, cuando el hecho indicador brote de los agregados
fácticos que realizó el juez a un medio de prueba y lo puso a indicar, de forma
viciada, lo que no indicaba ni justificaba.
(iv). Contra el hecho indicador, por error de hecho derivado de
falso juicio de identidad cuando el juez efectuó cercenamientos a un medio
de prueba del que brotaba un hecho o hechos indicadores que tenían potencias
para justificar con trascendencia aspectos sustanciales, y no incorporó ese
hecho o hechos indicadores a las valoraciones probatorias, como producto de los
cercenamientos fácticos.
(v). Contra el hecho indicador, por error de derecho derivado de
falso juicio de legalidad cuando el hecho indicador brote de elementos
materiales probatorios o evidencias físicas que se obtuvieron a través de actos
de investigación ilícitos.
(vi). Contra el hecho
indicador, por error de derecho derivado de falso juicio de legalidad,
cuando los hechos indicadores surjan de medios de prueba como órdenes de
registro y allanamientos, retención de correspondencia, interceptación de
comunicaciones o recuperación de información producto de la transmisión de
datos a través de las redes de comunicaciones, que no fueron objeto de control
de legalidad posterior, conforme lo establecen los arts. 230.1[10]
y 237[11]
de la Ley 906 de 2004.
(vii). Contra el hecho indicador, por error de derecho derivado de
falso juicio de legalidad cuando el hecho indicador brote como reflejo y
se derive en relaciones de conexidad antijurídica (43533)[12]
de medios de prueba que fueron excluidos.
La Sala Penal en sentencia del 11 de abril de 2018, Rad. 43533, con
relación a la conexión de antijuridicidad del hecho indicador con medios de
prueba que fueron excluidos, dijo:
“Por último, y esto es lo más determinante, no
basta con que el material probatorio derivado de esa fuente viciada se
encuentre vinculado con ella en conexión exclusivamente causal, de carácter
fáctico, para que se produzca la transmisión inhabilitante, sino que debe
existir entre la fuente corrompida y la prueba derivada de ella lo que
doctrinalmente se viene denominando «conexión de antijuridicidad», es
decir, desde un punto de vista interno, el que la prueba ulterior no sea ajena
a la vulneración del mismo derecho fundamental infringido por la originaria sino
que realmente se haya transmitido, de una a otra, ese carácter de
inconstitucionalidad, atendiendo a la índole y características de la inicial
violación del derecho y de las consecuencias que de ella se derivaron y, desde
una perspectiva externa, que las exigencias marcadas por las necesidades
esenciales de la tutela de la efectividad del derecho infringido requieran al
rechazo de la eficacia probatoria del material derivado.
“En conclusión, para “declarar la inexistencia de
la prueba derivada se requiere, entonces, acreditar que existe una relación
inescindible y particularmente fuerte entre los dos medios de convicción, esto
es, que existe un hilo conductor ineludible, infranqueable entre ellos, capaz
de lesionar una garantía del mismo orbe, pues, se recaba, no basta que el
mecanismo probatorio primario esté viciado por la infracción de una garantía
esencial fundamental sino que tal carácter efectivamente haya sido trasmitido
de la fuente primaria al material demostrativo reflejo” [13].
(viii) Contra el hecho indicador, por error de derecho
derivado de falso juicio de legalidad, aplicando la excepción
de inconstitucionalidad, cuando el hecho indicador brote de medios de
investigación ilícitos excluidos y, se valoren relacionados en vínculo
atenuado, toda vez que, argumentar, en modo absurdo, que los vínculos atenuados
con ilicitudes probatorias producen efectos reflejos de licitudes probatorias,
constituye contradicción.
(ix). Contra el hecho indicador, por
error de derecho derivado de falso juicio de legalidad,
cuando el hecho indicador surja de actos de investigación que hubiera realizado
la policía judicial sin la orden previa del fiscal; sin la autorización del
juez de garantías, y aquellos realizados sin la autorización del Director
Nacional o Seccional de Fiscalías.
(x). Contra el hecho indicador, por
error de derecho derivado de falso juicio de legalidad,
cuando el hecho indicador surja de actos de investigación ilegales realizados
por la policía judicial, como interrogatorios, sin advertir al indiciado su
derecho a no declarar contra sí mismo, con desconocimiento de la dignidad
humana, violación a su intimidad, debido proceso, presunción de inocencia,
derecho a no auto incriminarse, de conformidad con el artículo 212[14]
ibidem.
(xi). Contra el hecho indicador, por
error de derecho derivado de falso juicio de legalidad,
cuando el hecho indicador surja de la interceptación de comunicaciones
telefónicas y similares entre el procesado y su defensor 34099[15],
pues en los términos del art. 235 por ningún motivo se puede dar la orden de
interceptación, aunque la Corte precisó que la inviolabilidad de la
comunicación telefónica entre el abogado y su cliente no es un Derecho
fundamental absoluto y tiene cabida su afectación en eventos excepcionales
(Rad. 60149)[16].
(xii). Contra el hecho indicador, por
error de hecho derivado de falso juicio de legalidad,
cuando el hecho indicador brota de medios de prueba que no fueron materia de
descubrimiento probatorio y,
(xiii). Contra el hecho indicador, por
error de hecho derivado de falso juicio de legalidad,
cuando el hecho indicador brota de medios de prueba que se solicitaron y
decretó su incorporación al juicio oral, habiendo infringido las exigencias de
legalidad atinentes a las cargas de argumentación de pertinencia y utilidad,
fijadas para la incorporación de medios de prueba en especial.
(xiv). Por error de hecho derivado de falso raciocinio contra la
inferencia ilógica, cuando la conclusión no es razonada, cuando la
inferencia o conclusión es errónea, por ausencia de inferencia razonable o
ausencia de razonabilidades jurídicas, cuando se inventaron o desconocieron
máximas de experiencia, cuando se desconocieron principios de la lógica, leyes
de la ciencia, o por incurrir en falacias, como la falacia non sequitur, entre
otras.
(xv). Contra el poder suasorio: contra la conclusión, la manera
como los indicios se articularon entre sí, contra su convergencia, concordancia
y fuerza de convicción, derivada de su análisis conjunto.
Censura contra el hecho indicador derivado de
falso juicio de existencia y falso juicio de identidad.
La Sala Penal en sentencia del 31 de marzo de 2008, Rad. 28887, al
respecto dijo:
“De este modo, cuando el reparo se orienta por el falso juicio de
existencia por suposición del medio de conocimiento, compete al casacionista
demostrar el yerro con la indicación correspondiente del fallo en donde se
aluda a dicho medio que materialmente no fue practicado, presentado o
controvertido en el juicio; y si lo es por omisión de ponderar prueba,
elemento material o evidencia física válidamente presentada o practicada en la
audiencia de juicio oral, es su deber concretar la parte pertinente de la
audiencia pública en que se presentó la evidencia o el elemento material o se
practicó la prueba, e indicar qué objetivamente se establece de ella, cuál el
mérito que le corresponde siguiendo los postulados de la sana crítica y los
criterios de valoración normativamente previstos para cada una, y señalar cómo
su estimación conjunta con el arsenal probatorio aducido por las partes en el
juicio y debidamente controvertido en éste, da lugar a variar las conclusiones
del fallo, y, por tanto a modificar la parte resolutiva de la sentencia objeto
de impugnación extraordinaria”[17].
La Sala Penal en el Rad. 31338, dijo:
“Cuando
se ataca la prueba del hecho indicador cabe la posibilidad de formular errores
de hecho derivados de falsos juicios de existencia cuando el juzgador hubiese
supuesto la prueba que lo soporta” [18].
La Sala Penal en el Rad. 31338, dijo:
“Por
esta modalidad también es dable plantear cuestionamientos cuando los jueces
hubiesen omitido o ignorado considerar los medios de prueba en los que tuviesen
asiento hechos indicadores de circunstancias excluyentes de la forma de
participación atribuida o indicadores de una conducta ausente o incluyente de
responsabilidad penal” [19].
c. Contra el hecho indicador cuando no se
halle probado.
La Sala Penal en el Rad. 45899, al respecto, dijo:
“Cuando se pretende
establecer el hecho jurídicamente relevante a partir de inferencias, se debe
prestar especial atención a la demostración de los hechos indicadores o datos
que sirven de base a ese proceso, para evitar el riesgo de construir argumentos
cuya solidez sea solo aparente por estar estructurados sobre realidades
fácticas que no tienen el suficiente respaldo probatorio”.[20].
A su vez, la Sala Penal en el Rad. 44599, dijo:
“(…) es común que uno o
varios elementos estructurales de la hipótesis de hechos jurídicamente
relevantes sólo puedan ser probados a través de inferencias. En esos casos, el
medio de prueba tiene una relación “indirecta” con el hecho jurídicamente
relevante, en la medida en que sirve de soporte al dato o “hecho indicador” a
partir del cual se infiere el aspecto que guarda correlación con la norma penal
(CSJ AP, 30 Sep. 2015, Rad. 46153; entre otras). Aunque es claro que esos
datos o hechos indicadores deben ser probados, y de esa forma se integran al
tema de prueba, el objetivo último es verificar si los hechos jurídicamente
relevantes fueron demostrados o no, en el nivel de conocimiento previsto por el
legislador” [21].
d. Por error de hecho, cuando el hecho
indicador no se halle debidamente probado; lo cual ocurre cuando entre los medios de
prueba que se decretaron, incorporaron y practicaron el juicio oral, coexisten
medios de prueba que niegan el hecho indicador, lo contradicen en aspectos
medulares, lo excluyen, neutralizan o le restan fuerza indicadora o
justificativa.
En este evento, el error de hecho se deriva de un falso juicio de
existencia por omisión de valoración (total) de medios de prueba, y ocurre
cuando los jueces omitieron valorar los medios de prueba de los cuales brotaban
hechos indicadores que, en sus expresiones de contraindicios con indicaciones
sustanciales, negaban, excluían o neutralizaban los hechos indicadores de la
conducta ilícita que brotaban de otro medio de prueba.
Es necesario tener en cuenta que, en la demanda de casación no basta
con poner de presente la objetividad del error de hecho derivado de falso
juicio de existencia en modo de suposición probatoria o de omisión de
valoración probatoria, además, además, se necesita demostrar la trascendencia
acerca de la indebida aplicación o falta de aplicación de las normas
sustanciales demandadas, con relación a los efectos mutantes (28282)[22] y
sustitutivos de la sentencia de casación penal, para que rompa con las
decisiones de primera y segunda instancia, vistas en unidad jurídica de
decisión.
La Sala Penal con relación a la trascendencia, en el Rad. 28282, dijo:
“En todos los casos, es preciso referir
la trascendencia del yerro aducido, lo cual se consigue analizando cuál sería
el sentido del fallo si hubiese sopesado correctamente la prueba sobre la que
se hace recaer el defecto, en conjunto y armonía con los restantes medios que
conforman el conjunto probatorio en su integridad. La estructuración de la censura en punto de la
trascendencia no se cumple con la simple manifestación que al respecto haga el
libelista, como si de su opinión personal se tratara; pues, de bastar aquel
tipo de crítica el recurso extraordinario no distaría en mucho de un alegato de
instancia. La demostración de la trascendencia del yerro atribuido al Ad-quem
comporta la obligación de enseñar a la Corte que, si tal falencia no se hubiese
presentado, entonces el sentido del fallo sería distinto; y para ello es
preciso demostrar que, si la prueba cuestionada se hubiese apreciado en forma
correcta, las restantes pruebas valoradas por el Tribunal perderían la entidad
jurídica necesaria y suficiente para mover hacia la convicción declarada en el
fallo. La omisión de esta exigencia de lógica argumentativa devela la
fragilidad del libelo e impide su admisión, ya que, sin cuestionar con el rigor
del recurso extraordinario todo el fundamento de la sentencia, sino únicamente
lo expresado sobre algunos tópicos escogidos según el interés del recurrente,
no es factible pretender la casación del fallo, pues sería tanto como solicitar
una tercera instancia a satisfacción de quien impugna”[23].
II. De los contraindicios.
Los contraindicios (Reyes
Alvarado)[24]
no son un instituto diferente de indicios[25]. Se
diferencian de los indicios de responsabilidad penal, pues al contrario de
éstos, valorados de forma individual y conjunto y, dependiendo de sus virtudes
indicadoras, podrán revelar, mostrar o dan a conocer (a) la ausencia de dominio
del injusto –en la autoría material—; (b) la ausencia del
dominio de la voluntad, la ausencia de los actos de inducción en error
invencible o la ausencia de la fuerza coactiva insuperable que ejerce el hombre
de atrás hacia quien actúa como instrumento —en la autoría mediata—; (c) la
ausencia del codominio funcional del injusto, la ausencia del acuerdo de
voluntades, de la división del trabajo, ausencia del aporte esencial y la
ausencia de actos coejecutivos —en la coautoría—; (d) la ausencia del aporte doloso en la
complicidad; (e) la ausencia del mandato, de la orden no vinculante, de la
promesa remuneratoria, el consejo, o la coacción superable en la determinación;
(f) la exclusión de la adecuación típica; (g) indicar, mostrar o revelar actos
del procesado que excluyan su responsabilidad y (h); la exclusión de
agravantes, o la justificación de atenuantes; entre otros aspectos
sustanciales.
Los contraindicios (Villegas
Paiva)[26],
como expresiones opuestas (Climent Durán)[27],
contrarias, excluyentes o neutralizadoras de los hechos indicadores de los
actos de autoría o participación culpable, evidencian la naturaleza contradictoria
que se dinamiza al interior del proceso de conocimiento del debido proceso
penal, donde la riqueza fenoménica relacionada con los aspectos esenciales de
la conducta materia de juzgamiento y decisiones, no es unidireccional y, en
eventos es diversa, cambiante y contradictoria[28]. (Elí de Gortari).
Gustavo Humberto Rodríguez, al respecto escribe:
“Los indicios durante el curso del proceso pueden adquirir más
tarde la calidad de contraindicios, ante la presencia de nuevos hechos, nuevas
relaciones o nuevas inferencias, así como puede darse el caso contrario. Eso
indica que a la prueba indiciaria hay que considerarla en función dinámica; que
en el indicio hay que advertir una clara y evidente unidad de contrarios en
constante lucha e interpenetración de la cual debe salir un conocimiento
purificado del hecho con fuerza probatoria concluyente”[29] .
Los contraindicios (Mittermaier)[30]
como manifestaciones mediante las cuales se niegan, excluyen, neutralizan o
contradicen los hechos indicadores de autoría o participación, son útiles para
censurar el hecho indicador, cuando éste no se halla debidamente probado. En
efecto, la utilidad de los contraindicios apunta al logro del juicio casacional
cuando el hecho indicador no se halla debidamente probado, toda vez que los contraindicios
constituyen expresiones que contradicen o excluyen las expresiones del hecho
indicador[31]
en aspectos que excluyen aspectos subjetivos u objetivos del injusto penal.
Carlos
Climent Durán, con relación a la trascendencia de los
contraindicios, escribe:
“Con la prueba de lo
contrario se trata de desvirtuar el hecho presunto que se ha obtenido tras la
probanza de los indicios. Ya no se pretende impedir el nacimiento de una
presunción que todavía no se ha formado, sino la destrucción de una presunción
ya formada con la prueba plena de los indicios y con la conexión racional de
estos con el hecho presunto. De lo que se trata con la prueba en contrario es
demostrar que la presunción pese a su inicial conformación como tal, no tiene
razón de ser en el caso concreto que se está enjuiciando, precisamente porque
concurre una prueba en contrario que desvirtúa o hace ineficaz esa presunción”.[32]
Así, como toda valoración a la cual se adecua la conducta humana
conlleva la estimación que la niega: (tipicidad vs atipicidad, adecuación
típica vs ausencia de adecuación típica, antijuridicidad vs justificación,
conducta lesiva vs. conducta justificada, culpabilidad vs inculpabilidad,
conducta culpable vs conducta inculpable, dominio del injusto vs ausencia de dominio
del injusto, etc.), asimismo, los indicios de responsabilidad penal pueden
encontrar sus contrarios en hechos indicadores que los niegan, excluyen o
neutralizan.
De Gortari, con relación a las exclusiones que se derivan de los contra
indicios, escribe:
“Todo proceso encierra
en sí contradicciones internas, las cuales representan la lucha y, a la vez la
unidad de los elementos opuestos que constituyen al proceso. Los aspectos
contradictorios tienden mutuamente a excluirse, luchan entre sí y se oponen recíprocamente.
A su vez, las diversas parejas de elementos contradictorios contenidos en un
proceso, también se oponen unas a las otras, luchan por dominar a las otras y
tratan de excluirlas. Igualmente, los distintos procesos combaten entre sí, se
oponen mutuamente y tienden a su exclusión recíproca. De esta manera están
formados y así se comportan todos los procesos de la naturaleza, lo mismo que
los procesos creados por el hombre en su sociedad y en su pensamiento; y por
ello todos los procesos del universo son impulsados al movimiento y al cambio
incesantes”[33].
Los contraindicios con sus manifestaciones sirven, de una parte, como
argumento con virtudes epistémicas, para justificar las exclusiones del injusto
penal y, de otra, para construir dudas probatorias acerca del injusto objetivo
o subjetivo, de donde resulta que los contraindicios son útiles en el juicio
casacional para la construcción discursiva (32730)[34] del
in dubio pro-reo (26055)[35].
“Si la censura se
orienta por el falso juicio de existencia por suposición de prueba, compete al
casacionista demostrar mediante la indicación correspondiente del fallo donde
se alude a dicho medio que materialmente no obra en el proceso; y si lo es por
omisión de ponderar prueba material y que válidamente obra en la actuación, es
su deber concretar en qué parte del expediente se ubica ésta, que objetivamente
se establece de ella, cuál es el mérito que le corresponde siguiendo los
postulados de la sana crítica, y cómo su estimación conjunta con el arsenal
probatorio que integra la actuación, da lugar a variar las conclusiones del fallo,
y por tanto modificar la parte resolutiva de la sentencia objeto de impugnación
extraordinaria” (12062)[36].
Conviene subrayar que
la impugnación derivada de falsos juicios de existencia no se puede quedar en
tan sólo mostrar el medio o medios de prueba supuestos o ignorados.
El error de hecho derivado
de falso juicio de existencia por omisión de valoración[37]
de pruebas (15310)[38], en la mirada y
logro de proyectarse como juicio objetivo, lógico jurídico y trascendente con
la potencialidad de socavar e impactar en forma total o parcial lo decidido en
las instancias, comporta una ruta metodológica, así:
(i). Exige que el
censor señale la existencia material del medio de prueba de que se trate, sean
estos individuales o plurales.
(ii). Exige que el
casacionista en la demanda identifique con precisión los textos contenidos en
los medios de prueba en los que brotan hechos indicadores con los que se
podían construir inferencias indiciarias conclusivas, alusivas a
justificaciones con incidencias sustanciales con potencialidades de mutar las
decisiones, en los aspectos que no fueron apreciados por los juzgadores.
(iii). Además, se
hace necesario que el impugnante a partir de esos hechos indicadores dejados de
valorar demuestre la trascendencia del yerro, de modo que con su influjo se
constate que las decisiones de la sentencia de segundo grado en unidad con la
de primera instancia, se habría producido con decisiones sustanciales,
diferentes (24965)[39].
A su vez,
(iv). El juicio
casacional no se puede formular de forma solitaria y enunciativa, además,
corresponde relacionarla con los otros medios de convicción que fueron
valorados, demostrando que con los hechos indicadores dejados de valorar, al
haberse integrado las inferencias que de estos se concluyan a los restantes
medios de prueba, la sentencia no se sostendría y conllevaría unos efectos
sustanciales diferentes, como podrían ser: ausencia de la adecuación típica,
exclusión o, modificación de los dispositivos amplificadores del tipo de
autoría o participación a uno menos grave, ausencia de la antijuridicidad,
exclusión de culpabilidad o modificación del tipo subjetivo atribuidos, etc.,
aspectos que en la demanda harán parte de la demostración de las indebidas
aplicaciones de la ley sustancial de que trate la teoría del caso y, además
corresponde identificar las faltas de aplicación de normas que están llamadas
en forma legal, convencional o constitucional a regular el caso.
De otra parte, si la
censura se plantea por errores de hecho derivados de falsos juicios de
existencia por suposición probatoria (29424)[40],
corresponde al demandante demostrar que las decisiones de la sentencia
impugnada habrían acaecido diferentes, si las suposiciones no se hubieran
efectuado.
La Sala Penal en auto
del 7 de julio de 2008, Rad. 29424, al respecto dijo:
“De este modo, cuando
el reparo se orienta por el falso juicio de existencia por suposición del medio
de conocimiento, compete al casacionista demostrar el yerro mediante la
indicación correspondiente del fallo en donde se aluda a dicho medio que
materialmente no fue practicado, presentado o controvertido en el juicio; y si
lo es por omisión de ponderar prueba, elemento material o evidencia física
válidamente presentada o practicada en la audiencia de juicio oral, es su deber
concretar la parte pertinente de la audiencia pública en que se presentó la
evidencia o el elemento material o se practicó la prueba, e indicar qué
objetivamente se establece de ella, cuál el mérito que le corresponde siguiendo
los postulados de la sana crítica y los criterios de valoración normativamente
previstos para cada una, y señalar cómo su estimación conjunta con el arsenal
probatorio aducido por las partes en el juicio y debidamente controvertido en
éste, da lugar a variar las conclusiones del fallo, y, por tanto a modificar la
parte resolutiva de la sentencia objeto de impugnación extraordinaria”[41].
En ese ejercicio, se
hace obligatorio atender las restantes pruebas valoradas, con la finalidad de
confrontar acerca de si en lo resuelto, sin el hecho o hechos indicadores
supuestos se afecta o rompe la exclusión de las imputaciones del tipo objetivas
o subjetivas; si se modifica o excluye la autoría o participación; o si se
proyectan proposiciones fácticas y acreditaciones probatorias en contravía que
no se puedan disolver a efectos de la construcción y aplicación del in dubio pro-reo, etc.
IV. Por
error de hecho contra el hecho indicador, derivado de falso juicio de identidad
Ocurre, cuando los jueces efectuaron distorsiones o tergiversaciones a
medios de prueba, y como producto de los agregados fácticos, pusieron a decir e
indicar a un hecho o hechos (agregados) lo que no decían, no indicaban,
lo que, como argumento, inferencial no justificaban con efectos sustanciales
nocivos y, que incidieron con trascendencia en la indebida aplicación de una
norma o normas sustanciales y correlativa falta de aplicación de otra norma
sustancial; o cuando como resultado del cercenamiento fáctico, impidieron decir
a un hecho o hechos indicadores (cercenados y no valorados) lo que, como
argumento inferencial, indicaban y justificaban con efectos sustanciales
favorables y, que incidieron con trascendencia en la falta de aplicación de una
norma o normas sustanciales.
La Sala Penal en auto del 22 de junio de 2009, Rad. 31338, al respecto dijo:
“Además, puede ser
objeto de censura por el sendero del error de hecho derivado de falsos juicios
de identidad, cuando el fallador hubiese efectuado tergiversaciones o
distorsiones fácticas a los elementos materiales probatorios o a las evidencias
físicas, al hacerle decir a éstos lo que no dicen o por impedirles expresar lo
que aquellos muestran, resultado que se produce por agregados o cercenamientos” [42].
En sentencia del 31 de marzo de 2008, Rad. 28887, al respecto, dijo:
“Si lo pretendido es
denunciar la configuración de errores de hecho por falsos juicios de identidad
en la apreciación probatoria, el casacionista debe indicar expresamente qué en
concreto dice el medio de prueba, el elemento material probatorio o la evidencia
física, según el caso; qué exactamente
dijo de él el juzgador, cómo se le tergiversó, cercenó o adicionó en su
expresión fáctica haciéndole producir efectos que objetivamente no se
establecen de él, y lo más importante, la repercusión definitiva del desacierto
en la declaración de justicia contenida en la parte resolutiva del fallo” [43].
En ambos eventos, con la ecuación de las violaciones medio y
violaciones fin, corresponde demostrar la trascendencia de la indebida
aplicación y correlativa falta de aplicación de las normas sustanciales
demandadas, con relación a los efectos mutantes de la sentencia sustitutiva de
casación.
V. De la ruta metodológica
demostrativa y trascendencia de los errores de hecho derivados de falsos
juicios de identidad.
Tratándose de la
violación indirecta de la ley sustancial por errores de hecho derivados de
falsos juicios de identidad, el juicio casacional no se agota con la puesta de
presente de las expresiones probatorias que fueron tergiversadas o
distorsionadas, como producto erróneo de los hechos indicadores agregados o
cercenados de medios de prueba.
Este juicio objetivo, lógico jurídico, y trascendente con la
potencialidad de socavar e impactar en forma total o parcial en lo
sustancialmente decidido en las instancias, comporta unas rutas, a saber:
(i). Exige que el censor señale la existencia material del medio de
convicción, sean estos individuales o plurales.
(ii). Exige que el casacionista en la demanda identifique con
puntualidad cuáles fueron las expresiones del medio de prueba, que los jueces
de primera y segunda instancia desfiguraron o distorsionaron, con hechos
indicadores agregados, mediante los cuales pusieron a decir, de forma
viciada, a los hechos indicadores lo que no decían ni justificaban en aspectos
sustanciales.
Y, si es por cercenamientos, exige que el casacionista en la demanda
identifique con puntualidad cuáles fueron las expresiones del medio de prueba
que los jueces de primera y segunda instancia cercenaron, a partir de los
cuales brotaban hechos indicadores a los que se les impidió indicar y
justificar lo que estos justificaban en aspectos sustanciales trascendentes.
(iii). Además, se hace necesario que el impugnante a partir de esas
identificaciones demuestre la trascendencia del hecho o hechos indicadores
agregados, de modo que sin su influjo, sin su incidencia sustancial se constate
que la sentencia de segunda instancia se habría producido de forma sustancial
diferente en sus decisiones, o demuestre que con la inclusión de los hechos
indicadores cercenados y su incidencia sustancial, al incorporarlos a la
valoración probatoria, se constate que la sentencia de segunda instancia se
habría producido con efectos sustanciales diferente en sus decisiones.
(iv). El juicio
casacional no se puede argumentar y sustentar de forma solitaria y enunciativa,
además, corresponde relacionarla con los otros medios de convicción que fueron
valorados, demostrando que, con la prueba valorada de forma íntegra, excluidos
los hechos indicadores que se agregaron, o integrados los hechos indicadores
producto de los cercenamientos probatorios a los restantes medios de prueba, la
sentencia no se sostendría y conllevaría unos efectos diferentes, como podrían
ser:
(a) la exclusión o
modificación de la adecuación típica, (b) la exclusión o modificación de la
imputación de autoría o participación, (c) la exclusión de la antijuridicidad o
de la culpabilidad atribuidas, (d) la modificación del tipo objetivo hacia otro
especial, alternativo u otro tipo objetivo ubicado al interior del mismo título
o capítulo, o al interior de un nomen iuris diferente, (e) el cambio del
tipo subjetivo hacia uno de menor reproche, (f) la eliminación de una
circunstancia agravante genérica o específica, la inclusión de una atenuante
general o especial, y/o (g) la aplicación del in dubio pro-reo, según el caso.
(v). A su vez,
corresponde al censor señalar las vías de corrección sustanciales con relación
a la indebida aplicación y falta de aplicación de las normas sustanciales
demandadas, indicando a la Sala Penal el sendero normativo a recorrer e
integrando la proposición jurídica completa; ejercicio con el que se apunta a
la demostración de las violaciones medio y las violaciones fin.
Como se observa, la
demostración de la violación indirecta de la ley sustancial por vía de los
errores de hecho derivados de falsos juicios de identidad es un juicio lógico,
juicio objetivo, y juicio complejo, integrado, pero, a su vez, necesario a
efecto de la prosperidad de lo demandado.
En otras palabras, en
la demanda de casación no puede haber olvido en la presentación objetiva de los
agregados o cercenamientos fácticos en los que incurrieron los jueces de
primera y segunda instancia, ni omisión en la demostración de la incidencia de
estos errores en lo sustancial resuelto en punto de la falta de aplicación o
indebida aplicación normativas; ni omisiones en la demostración y trascendencia
que de no haberse incurrido en estos errores, otros habían sido o habrían
podido ser los sentidos del fallo de segundo grado.
En la demanda de casación,
el ejercicio obliga a realizar un nuevo análisis probatorio, resultante
de la exclusión de los hechos indicadores producto de los agregados fácticos, o
resultante de la integración de los hechos indicadores cercenados que se
dejaron de valorar. Ese nuevo análisis y valoración probatoria se realiza
integrado con los medios que, si fueron acertadamente valorados, a fin de
abrirle paso a las normas que se aplicaron de forma indebida y a las normas que
se dejaron de aplicar, para demostrar a la Sala Penal la solución sustancial en
un fallo de reemplazo.
Las normas
indebidamente aplicadas como las que se dejaron de aplicar, no se pueden omitir
en la rogativa casacional, pues de no hacerse la Corte por vía del principio de
limitación no puede adicionar, complementar ni corregir esa falencia; aunque lo
anterior no impide conforme al art. 184.3 de la Ley 906/2004 para
que, atendiendo a los fines de la casación, fundamentación de los cargos,
posición del impugnante dentro del proceso e índole de la controversia
planteada, la Corte supere los defectos de la demanda y, de oficio decida de
fondo.
germanpabongomez
K”minoaShambhala
Censura
de Indicios en Casación Penal
Bogotá,
noviembre de 2026
[1]
““En tercer lugar, el falso raciocinio se
configura cuando el Tribunal observa la prueba en su integridad, pero al valorarla o escrutarla desconoce los postulados de la sana crítica, es decir,
una concreta ley científica, un principio lógico o una máxima de la
experiencia. A efectos de acreditar la existencia del yerro, tiene dicho la
Sala, el censor ha de señalar la prueba o inferencia en la cual recayó el
error. Posteriormente, debe identificar el principio lógico, la máxima de
experiencia o el postulado científico que, en concreto, el juzgador desconoció
en el proceso de valoración probatoria,
con indicación clara y precisa de las razones por las cuales su aplicación
resultaba necesaria para la corrección de la conclusión cuestionada en el caso
concreto. Cualquiera
de los mencionados yerros debe ser trascendente
desde el punto de vista jurídico, esto es, que, frente a la valoración conjunta de la prueba
realizada por el Tribunal, su exclusión debería conducir a adoptar una decisión sustancialmente diversa a la recurrida
(…) “A la hora de construir un
indicio lo primero es contar con un hecho indicador debidamente probado, siendo necesario señalar cuáles son las
pruebas del mismo y qué valor se les confiere. Ello, por cuanto si no se cuenta
con pruebas del hecho indicador, o existiendo no se les da credibilidad,
obviamente no puede declararse probado y, por ende, tampoco puede intentarse la
construcción de ningún indicio. Probado el hecho indicador, el segundo paso es
explicitar la regla de la experiencia, de la que va a depender, en buena
medida, el carácter o fuerza probatoria del indicio. Además, por cuanto la
regla de la experiencia eventualmente usada puede ser falsa, o tomada con un
alcance diferente al que realmente tiene, es indispensable expresarla como
presupuesto de su contradicción y, de esa forma, garantizar adecuadamente el
derecho de defensa. Fijada la regla de la experiencia, el tercer paso será
enunciar el hecho indicado, cuyo grado de asentimiento dependerá, se insiste,
del alcance de la regla de la experiencia. Por último, ha de valorarse el hecho
indicado, en concreto y en conjunto con los demás medios probatorios, en orden
a concluir finalmente qué se declara probado. Atendiendo a dicha estructura,
los parámetros para examinar la prueba de indicios exigen identificar con
precisión en cuál fase de la construcción indiciaria se presenta el supuesto
yerro, pues de ello depende la vía de análisis a aplicar. Al respecto, la Corte
ha señalado (CSJ 8 ago. 2000, rad. 15.836): “Como prueba que es, cuando se alegan en casación defectos en su apreciación
como fundamento de la violación de la ley sustancial, la vía de ataque debe ser
la indirecta y en tal medida es obligación del recurrente señalar el tipo de
error en el cual se incurrió, su modalidad y si el mismo se predica del hecho
indicador, de la inferencia lógica o de la manera como los indicios se
articulan entre sí, es decir su convergencia, concordancia y fuerza de
convicción por su análisis conjunto. Si la equivocación se predica del hecho
indicador y se toma en consideración que debe estar demostrado con otro
medio de prueba, los errores susceptibles de plantearse son tanto de hecho como
de derecho. De hecho, porque la prueba de la circunstancia conocida pudo
haberse supuesto; o porque pudo haberse dejado de apreciar otro medio
demostrativo que la neutralizaba o disolvía; o porque se tergiversó su
contenido material haciéndola decir algo que no decía; o porque el proceso de
valoración que condujo a la afirmación de la premisa a partir de la cual se
hará luego la inferencia, se apartó de los principios de la sana crítica. […]
Ahora bien, cuando el error se predica de la inferencia lógica, ello
supone como condición lógica del cargo, aceptar la validez de la prueba del
hecho indicador, ya que si esta es discutida sería un contrasentido plantear al
tiempo algún defecto del juicio valorativo en el marco del mismo ataque. Existe
la posibilidad, no obstante, de refutar el indicio tanto en la prueba del hecho
indicador como en la inferencia lógica, sólo que en cargos distintos y de
manera subsidiaria” Corte Suprema,
S.P., sentencia del 9 de mayo de 2018, Rad. 45889.
[2] Corte Suprema, Sala Penal, sentencia de casación de octubre 20/99. Rad. 11113.
[3] Error de hecho por falso raciocinio denominó a dicha equivocación la
Sala en la sentencia de febrero 12/2000. Rad. 12227.
[4] Corte Suprema, Sala Penal, sentencia del 4 de abril de 2000, Rad. 12218.
[5] Corte
Suprema, Sala
Penal, auto del 22 de julio
de 2009, Rad. 31338.
[6] Corte Suprema,
Sala Penal, sentencia del 11 de octubre de 2017, Rad. 50940.
[7] Ley 906 de 2004. art. 181. Procedencia. “El recurso como control
constitucional y legal procede contra las sentencias en segunda instancia en
los procesos adelantados por delitos, cuando afectan Derechos o garantías
fundamentales por: (…) 3. El manifiesto desconocimiento de las reglas de
producción y apreciación de la prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia.
[8] Corte
Suprema,
Sala Penal, sentencia del 28 de octubre de 2020, Rad. 55641.
[9] Corte Suprema, Sala Penal,
sentencia del 26 de junio de 2024, Rad. 56667.
[10] Ley 906 de 2004,
art. Artículo 230. Excepciones al requisito de la orden escrita de
la Fiscalía General de la Nación para proceder al registro y allanamiento. Modificado
por el art. 51, Ley 1453 de 2011. Excepcionalmente podrá omitirse la
obtención de la orden escrita de la Fiscalía General de la Nación para que la
Policía Judicial pueda adelantar un registro y allanamiento, cuando: 1. Medie
consentimiento expreso del propietario o simple tenedor del bien objeto del
registro, o de quien tenga interés por ser afectado durante el procedimiento.
En esta eventualidad, no se considerará como suficiente la mera ausencia de
objeciones por parte del interesado, sino que deberá acreditarse la libertad
del afectado al manifestar la autorización para el registro. En todo caso,
la Fiscalía deberá someter a control posterior de legalidad esta diligencia.
[11] Ley 906 de 2004,
Artículo 237. Audiencia de control de legalidad
posterior. Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al recibimiento
del informe de Policía Judicial sobre las diligencias de las órdenes de
registro y allanamiento, retención de correspondencia, interceptación de
comunicaciones o recuperación de información producto de la transmisión de
datos a través de las redes de comunicaciones, el fiscal comparecerá ante el
Juez de Control de Garantías, para que realice la audiencia de revisión de
legalidad sobre lo actuado. Durante el trámite de la audiencia podrán asistir,
además del fiscal, los funcionarios de la Policía Judicial y los testigos o
peritos que prestaron declaraciones juradas con el fin de obtener la orden
respectiva, o que intervinieron en la diligencia. El juez podrá, si lo estima
conveniente, interrogar directamente a los comparecientes y, después de
escuchar los argumentos del fiscal, decidirá de plano sobre la validez del
procedimiento. PARÁGRAFO. Si el cumplimiento de la orden ocurrió
luego de formulada la imputación, se deberá citar a la audiencia de control de
legalidad al imputado y a su defensor para que, si lo desean, puedan realizar
el contradictorio. En este último evento, se aplicarán analógicamente, de
acuerdo con la naturaleza del acto, las reglas previstas para la audiencia
preliminar.
[12] Corte
Suprema,
Sala Penal,
sentencia del 11 de abril de 2018, Rad. 43533.
[13] Corte
Suprema,
Sala Penal,
sentencia del 11 de abril de 2018, Rad. 43533.
[14] Ley 906 de 2004.
Art. 212. Análisis de la actividad de policía judicial en la indagación e
investigación. Examinado el informe de inicio de las labores realizadas por la
policía judicial y analizados los primeros hallazgos, si resultare que han sido
diligenciados con desconocimiento de los principios rectores y garantías
procesales, el fiscal ordenará el rechazo de esas actuaciones e informará de
las irregularidades advertidas a los funcionarios competentes en los ámbitos
disciplinario y penal. En todo caso, dispondrá lo pertinente a los fines de la
investigación. Para cumplir la labor de control de policía judicial en la
indagación e investigación, el fiscal dispondrá de acceso ilimitado y en tiempo
real, cuando sea posible, a la base de datos de policía judicial.
[15] Corte Suprema, Sala Penal, sentencia del 1º de abril de
2019, Rad. 34099.
[16] “La
premisa mayor, general o abstracta fijada por el a quo está
integrada por preceptos de la jurisprudencia constitucional (sent. C-594 de
2014) concernientes a:
(i). la definición del ámbito de
protección del derecho constitucional fundamental a la intimidad;(ii) la
inviolabilidad de las comunicaciones; (iii) los límites de la intimidad y las
posibilidades legítimas de afectación de aquélla para la investigación de
conductas delictivas, a través de la interceptación de comunicaciones, y “iv)
la reserva legal y el control de legalidad judicial a las interceptaciones. “Entendiendo,
entonces, que por haberse cumplido los requisitos de legalidad para la
emisión de la orden y habiéndose aplicado el control judicial de rigor a la
obtención de resultados, la Sala Especial de Primera Instancia, tras
destacar que la intimidad no es un derecho fundamental absoluto, que
puede afectarse legítimamente en la actuación penal, puso de presente
que los medios de conocimiento solicitados por el fiscal -de los que hacen
parte los registros de interceptaciones- no tienen por objeto injerir en
esferas intangibles ni aspectos personalísimos de la intimidad de KE y CAV,
sino que lo pretendido es establecer “el tipo de vinculación que puede darse
a conocer, en orden a establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en
que los delitos materia de juzgamiento pudieron haber tenido realización”. “La
pertinencia de esas pruebas, recalcó la Sala Especial de Primera Instancia,
estriba en que, según la Fiscalía, permiten demostrar las circunstancias de
tiempo modo y lugar en las que KE asumió los diferentes casos que se
encontraban a cargo del magistrado VB, la manera en que operaba la
organización criminal y cuáles eran los roles de aquéllos, la forma en que se
efectuaban las negociaciones y cómo se procedió al pago de los respectivos
montos reprochados en el contexto de la acusación. “Por ello, descartada alguna
ilicitud, el a quo decretó como prueba de la Fiscalía los
informes de interceptaciones, especificando la pertinencia concreta de cada
informe de interceptación, que no aludían a aspectos abiertos e
indeterminados de la intimidad de los participantes de la comunicación ni a
cuestiones personalísimas de la esfera impermeable de dicho derecho, sino a
probar el carácter íntimo de la amistad entre K y CA y otras
cuestiones concernientes a la forma en que habrían interactuado los miembros de
la supuesta empresa criminal. CSJ,
SP, sentencia del 9 de diciembre de 2021, Rad. 60149.
[17] Corte Suprema, Sala
Penal, sentencia del 31 de marzo de
2008, Rad. 28887.
[18] Corte
Suprema, Sala
Penal, auto del 22 de julio
de 2009, Rad. 31338.
[19] Corte
Suprema, Sala
Penal, auto del 22 de julio
de 2009, Rad. 31338.
[20]
Corte
Suprema, Sala Penal, sentencia del 23 de noviembre de 2017, Rad. 45899.
[21] Corte Suprema,
Sala Penal, sentencia del 8 de marzo
de 2017, Rad. 44599.
[22] Corte Suprema, SP, sentencia del 12 de septiembre de 2007, Rad. 28282.
[23] Corte Suprema, SP, sentencia del 12 de septiembre de 2007, Rad. 28282.
[24] “Paralelamente a
toda la teoría del indicio se ha venido desarrollando la de los contraindicios,
de manera que se los define, se los clasifica incluso se los diferencia de las
contra presunciones, en forma tal que figuran como categorías excluyentes las de
indicio y contraindicio; de esta manera, se afirma genéricamente que los
contraindicios son aquellos hechos que desvirtúan el mérito de un indicio, o
aquellos que demuestran la inocencia de una persona o la inexistencia del hecho
o su falta de relevancia jurídica, y mucho más concretamente se llega a dar de
ellos un concepto con similares características a las del indicio afirmando que
“el contraindicio es un hecho del que se infiere lógicamente la existencia de
un hecho oponible al que se quiere demostrar”. Yesid
Reyes Alvarado, La prueba indiciaria, Bogotá: Ed. Reyes Echandía,
1984, p. 238.
[25] “Por contra
oposición a quienes consideran el contraindicio como una nueva figura
probatoria diversa del indicio, existe una corriente doctrinal que lo considera
simplemente como un indicio más, que sin perder su condición tal puede
distinguirse porque su hecho indicador apunta a la inexistencia del hecho
investigado, a la falta de participación de una persona en él, o a la ausencia
de responsabilidad (…) Es este criterio el acertado a nuestro modo de ver,
puesto que como la propia doctrina lo señala unánimemente, los elementos que
conformarían el contraindicio son exactamente los mismos que permiten la
construcción del indicio de tal manera que por ese aspecto ninguna diferencia
puede predicarse entre ellos (…) De acuerdo entonces con todas las definiciones
doctrinales, legales y jurisprudenciales del indicio, no puede caber la menor
duda de que no debe crearse una categoría independiente de contraindicios”. Yesid Reyes Alvarado, ob., cit., p. 242.
[26]
“Los
contraindicios están constituidos por la prueba de algún hecho con el que se
trata de desvirtuar la realidad de un hecho indiciario, al resultar
incompatibles tales hechos entre sí o al cuestionar aquel hecho la realidad de
este, debilitando su fuerza probatoria. Para Climent Durán, los contraindicios
son aquellos hechos con cuya prueba se pretende desvirtuar la realidad de un
hecho indiciado, ya sea por ser incompatibles ambos o por rebatir el primera la
realidad de este último, de esa cuente, constituyen “contraindicios” las
justificaciones introducidas en defensa del acusado con el objeto de desvirtuar
los indicios obtenidos y que puedan afectarle”.
Elky Alexander Villegas Paiva,
La prueba de indicios y su debida motivación en el proceso penal, Gaceta
Jurídica, Lima, 2019, p. 142.
[27] “Dentro de la
contraprueba se distingue entre contraprueba directa, mediante la cual
se pretende refutar inmediatamente el hecho indiciario, cuestionando su
eficacia probatoria, bien por defectos de índole procesal, bien por falta de
entidad probatoria, y una contraprueba indirecta, a través de la cual se
persigue la prueba directa de otros hechos que, por su incompatibilidad con el
indicio o los indicios sobre los que se asienta la presunción, hace decaer la
fuerza probatoria de estos, consiguiente así que la presunción correspondiente
no tenga ninguna eficacia probatoria. La contraprueba indirecta se
traduce en la prueba de los contraindicios, entendidos como la prueba de
algún hecho con el que se trata de desvirtuar la realidad de un hecho
indiciario, al resultar incompatibles tales hechos entre sí o al cuestionar
aquel hecho la realidad de este, debilitando su fuerza probatoria. También cabe
hablar, en este mismo sentido, de indicios negativos, como en el caso de la
presencia del inculpado en lugar diverso de aquel, donde fue cometido el hecho
delictivo en el momento en que fue perpetrado. La coartada es un buen
ejemplo de contraprueba indirecta, de contraindicio o de indicio negativo”. Carlos Climent Durán, ob., cit., pp. 656
y 657.
[28] “El conflicto
entre los contrarios se manifiesta de diversos modos. En primer término, toda
determinación implica necesariamente la determinación de su opuesto; porque la
existencia de un proceso implica ineludiblemente la existencia del proceso
opuesto. Así, para comprender algo, es preciso distinguirlo de su opuesto,
porque su existencia depende de la existencia de otras cosas, las cuales se
engendran con ella en una relación de contradicción”. Elí de Gortari, Introducción a la lógica… México:
Grijalbo, 1979, p. 51.
[29] Gustavo Humberto Rodríguez, Medios probatorios,
Bogotá: Wilches, 1989, pp. 72 y 73.
[30] “Los hechos de este género son de dos clases: los
unos impiden absolutamente, o por lo menos difícilmente permiten que se
atribuya al acusado el crimen (estos hechos reciben muchas veces el nombre de
indicios de la inocencia o contra presunciones); los otros por vía de la
conclusión, hacen ver poderosamente debilitados los indicios de cargo, en
cuando de ellos resulta a favor del acusado una explicación enteramente
favorable de los hechos que parecían correlativos al delito y daban importancia
a las sospechas (…) Otras veces, los contraindicios se fundan en uno o en
varios hechos determinados, tomados de entre los de cargo y demuestran que la
relación existente entre la persona acriminada y el delito puede explicarse de
modo más satisfactorio, o que se ha hecho un empleo legítimo del objeto cuya
posesión parecía a primera vista sospechosa, o que los hechos constitutivos de
la presupuesta relación entre la persona y el delito no existían en el momento
de la perpetración”. CJA Mittermaier,
ob., cit., pp. 376 y 377.
[31] Carlos Climent Durán, ob., cit., p.
661.
[32] Carlos Climent Durán, ob., cit., p.
661.
[33] Elí de Gortari, ob. cit., p. 65.
[34] Corte Suprema, Sala Penal, sentencia del 24 de marzo de 2010, Rad.
32730.
[35] CSJ, sent. de 4 de sep. de 2002, Rad. 15884 y
sent. del 26 de ene. de 2005, R.
15834.
[36] Corte Suprema, Sala Penal, sentencia
de agosto 2 de 2001, Rad.12062.
[37] “La valoración
es el juicio de aceptabilidad (o de veracidad de los resultados probatorios (es
decir, de las hipótesis). Consiste, más precisamente, en evaluar la veracidad
de las pruebas (o sea, de las informaciones aportadas al proceso a través de
los medios de prueba), así como en atribuir a las mismas un determinado valor o
peso en la convicción del juzgador sobre los hechos que se juzgan. La
valoración constituye pues el núcleo mismo del razonamiento probatorio; es
decir, del razonamiento que conduce, a partir de esas informaciones, a una
afirmación sobre los hechos controvertidos”. Marina
Gascón, Alfonso J. García Figueroa, La argumentación en el derecho,
ob. cit., p. 361.
[38] “Bien se sabe que
cuando el ataque se hace por la causal primera, concretamente, por violación
indirecta de la ley sustancial debido a un error de hecho en la modalidad de
falso juicio de existencia por omisión, es menester que el censor exponga cómo
de no haber sido omitidas las pruebas que reputa ignoradas en la sentencia,
otro hubiera sido el sentido de esta, lo que se logra poner de presente
únicamente confrontando los medios echados de menos con los que tuvo en cuenta
el juzgador para proferir el fallo controvertido, ejercicio a través del cual
puede la Corte descubrir la real trascendencia del error – en caso de haber
existido realmente este- y por ende si la sentencia es o no legal”. Corte Suprema, S.P. sentencia de julio 26 de 2000, Rad. 15310.
[39] “Recuérdese que el juzgador, en
virtud del principio de selección probatoria, no está obligado a hacer un
examen exhaustivo de todas y cada una de las pruebas incorporadas al proceso,
ni de todos y cada uno de sus extremos asertivos, porque la decisión se haría
interminable, sino de aquellos que considere importantes para la decisión a
tomar, de suerte que sólo existirá error de hecho por omisión o mutilación de
prueba, cuando aparezca claro que el medio, o un fragmento del mismo, fue
realmente ignorado, siendo probatoriamente relevante”. Corte Suprema, sent., del 8 de nov. de 2007, Rad.
24965.
[40] Corte Suprema, Sala Penal, auto del 7 de julio de 2008, Rad. 29424.
[41] Corte Suprema, Sala Penal, auto del 7 de julio de 2008, Rad. 29424.
[42] Corte Suprema, S.P., auto del 22 de junio de
2009, Rad. 31338.
[43] Corte
Suprema,
S.P, sentencia del 31 de marzo de
2008, Rad. 28887.
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