Es posible que el Fiscal en el ejercicio de su función de formular imputación o acusación o, al abstenerse de hacerlo, incurra en los delitos de prevaricato por acción, u omisión

 

La Sala Penal de la Corte, en auto del 20 de septiembre de 2023, Rad. 62296, precisó que es posible que el fiscal pueda cometer el delito de prevaricato  por acción o por omision en el ejercicio de su función de formular imputación o acusación o abstenerse de hacerlo. Al respecto dijo:

 

“(iv) De otro lado, ciertamente la Fiscalía se desempeña como parte activa en el proceso penal, cuyo rol es así concebido —principalmente en el desarrollo del juicio oral— para preservar el principio acusatorio, esto es, la imparcialidad del juez y la igualdad entre acusador y acusado.

 

“Sin embargo, la Fiscalía no es solo una parte en la relación jurídico procesal, también es un poderoso órgano estatal regido por el principio de legalidad, obligado a respetar derechos fundamentales y —conforme con el artículo 250 de la Constitución Política— a adelantar el ejercicio de la acción penal, realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito, “cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen su posible existencia” y “no podrá” suspender, interrumpir, ni “renunciar” a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley dentro del marco de la política criminal del Estado, “lo cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez”.

 

“De allí que el fiscal en el ejercicio de su función al formular imputación o acusación o abstenerse de hacerlo, es posible que incurra en los delitos de prevaricato por acción u omisión, respectivamente, y quebrante derechos fundamentales, frente a lo cual, el juez está llamado a intervenir por solicitud del afectado, conforme con la dinámica misma del sistema penal acusatorio dispuestas para la fase previa al juicio, en las oportunidades procesales establecidas para ello, sin perjuicio de las funciones del juez como director de la actuación, que le impone el deber de corregir los actos irregulares y propender por la buena marcha de la administración de justicia”.