Tráfico de Influencias. Análisis Dogmático
La Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 27 de octubre de 2014,
radicado 34.282, se ocupó del análisis sustancial del delito de tráfico de
influencias, así:
“El delito de tráfico
de influencias de servidor público es un tipo penal de sujeto activo
calificado, en otras palabras, solamente puede ser ejecutor material de este
comportamiento quien ostente la condición de servidor público e incurra en un
ejercicio indebido del cargo o de la función".
"Este tipo penal posee una
característica especial, como lo es, la necesaria presencia de otra persona con
cualificación especial (otro servidor público), destinatario de la conducta
preponderante ejercida por el influenciador, en tanto que éste tiene interés en
un asunto que debe conocer el servidor público sobre el que ejerce el poder que
se deriva de su cargo o de su función".
"En lo que respecta al verbo rector, este tipo penal emplea el término utilizar, que significa hacer que una cosa sirva para algo[1] seguido del adjetivo indebidamente, quiere decir lo anterior que no basta que se utilice la influencia sino que ésta debe ser ajena a los parámetros de comportamiento de todo servidor público consagrados en la Constitución, las leyes y los reglamentos y que propenden por la efectividad de los principios que rigen la administración pública".
"En lo que respecta al verbo rector, este tipo penal emplea el término utilizar, que significa hacer que una cosa sirva para algo[1] seguido del adjetivo indebidamente, quiere decir lo anterior que no basta que se utilice la influencia sino que ésta debe ser ajena a los parámetros de comportamiento de todo servidor público consagrados en la Constitución, las leyes y los reglamentos y que propenden por la efectividad de los principios que rigen la administración pública".
"Sobre el término influencia,, atendiendo las varias
acepciones, se destaca aquella consagrada en el diccionario de la Real Academia
Española (22ª edición) según la cual se hace referencia a Persona con poder o autoridad en cuya intervención se puede obtener una ventaja, favor o beneficio".
"Las características
de la influencia, en concreto, se contraen a lo siguiente:
(i).-debe ser cierta y real su
existencia, con la entidad y potencialidad suficiente para llegar a influir en
el otro, que trascienda en un verdadero abuso de poder de ahí que la influencia
simulada, falsa o mentirosa, no haya quedado penalizada en este tipo,
obedeciendo esto a un principio lógico, pues no se puede abusar de lo que no se
tiene;
(ii).-no cualquier influencia es delictiva, debe ser
utilizada indebidamente;
(iii).-lo indebido, como
elemento normativo del tipo, es aquello que no está conforme con los parámetros
de conducta de los servidores públicos precisados por la Constitución, la ley o
los reglamentos a través de regulaciones concretas o los que imponen los
principios que gobiernan la administración pública".
"Además de lo indebido
en la utilización de la influencia, la conducta del influenciador adquiere
relevancia penal con el simple acto de anteponer o presentar la condición de
servidor público derivado del ejercicio del cargo o de la función o con ocasión
del mismo, sin que importe el impacto o consecuencias en el destinatario,
ubicando el delito en aquellos denominados de mera conducta, en tanto que no se
requiere la consecución del resultado, esto es, el éxito en la gestión del
influenciado o la aceptación del requerimiento por parte de éste, basta que se
despliegue el acto de la indebida influencia para consumar el delito".
Así lo ha sostenido
la jurisprudencia de esta Corte (CSJ SP, 27 sep. 2012, rad. 37322):
"[…] el tipo penal de tráfico de influencias no
requiere para su estructuración de remuneración o lucro, pues indistintamente
que se reciba o no un beneficio económico, el comportamiento delictivo se
consuma en el mismo instante en que se utiliza indebidamente la influencia.
Ahora, cuando por la influencia se recibe el dinero como pago, compensación o
remuneración de la ilícita gestión, se genera, además, una afrenta autónoma e
independiente al interés tutelado.
"La conducta del traficante de
influencias es determinable y autónoma en el ejercicio indebido de su posición preponderante
de poder o superioridad, razón por la cual, para la estructuración del delito
de tráfico de influencias no es necesario establecer si el propósito o
finalidad de la indebida influencia comporta la realización de otras
actividades delictivas".
"Pero si el influenciador además
de influenciar indebidamente, realiza actos ilícitos sucesivos e
independientes, destinados a cristalizar o materializar sus propósitos y
finalidades, se tipificarían otros delitos, por ejemplo, el traficante de
influencias cuya finalidad está en que se falsifiquen documentos y esto se
lleva a cabo, respondería por el tráfico de influencias y por la falsedad como
autor o partícipe según el caso; igual sucedería si la influencia se ejerce con
el fin de apoderarse de bienes públicos, responde por el tráfico de influencias
y por peculado siempre que se den los elementos de la determinación, incluso, perfectamente
podría concursar con el delito de enriquecimiento ilícito tal como lo aceptó la
jurisprudencia de esta Sala al sostener (CSJ SP, 27
sep. 2012, rad. 37322):
<cuando por la influencia se recibe dinero como pago, compensación, o remuneración de la ilícita gestión, se genera, además una afrenta autónoma e independiente al interés tutelado, y como se advirtió, desplaza el carácter subsidiario del enriquecimiento ilícito, de ahí que se presente la modalidad concursal>:
"Por su parte, el servidor público
influenciado puede aparecer como la víctima o, dependiendo del comportamiento
que despliegue a partir de ese momento para que el propósito de la influencia se
lleve a cabo, su conducta puede pasar a ser típica".
"En cuanto se refiere
al objeto jurídico y la antijuridicidad material del tráfico de influencias,
esto es, la protección del correcto funcionamiento de la administración
pública, particularmente se enfoca a sancionar al servidor público que pretenda
derivar de su investidura privilegios o provechos indebidos para él o para un
tercero, quebrando la moralidad, imparcialidad, neutralidad, transparencia e
igualdad[2], que se espera recibir de la
administración pública, deformando los fines del Estado y la prevalencia del
interés general".
"Para mayor
ilustración, la jurisprudencia de la Sala, en lo que atañe a la
configuración del delito de tráfico de influencias, tiene dicho lo siguiente (C.S.J.
AP, 21 jul. 2011 rad. 34911):
"a).- Que el agente sea un servidor público, esto es, una persona que esté vinculada con el Estado en forma permanente, provisional o transitoria.
b).- Que dicho servidor haga uso indebido de influencias derivadas del ejercicio de su cargo o función. Es decir, que aprovechando la autoridad de que está investido, por su calidad de servidor público, ejerza unas determinadas influencias.
Pero no toda influencia puede ser punible, sino aquella que sea indebida; se entiende por indebido aquello que está por fuera del deber; y el deber, en el servidor público está centrado, como ya se decía, en el servicio a la comunidad. Ese es su norte y su esencia,
c).- El uso de la indebida influencia puede darse bien en provecho del mismo servidor que la ejerce, o bien en provecho de un tercero. Con una u otra forma de actuar es claro que la administración sufre ante la comunidad un desmedro en su imagen.
d).- La utilización indebida de la influencia, debe tener como propósito el obtener un beneficio de parte de otro servidor público, sobre un asunto que éste conozca o vaya a conocer.
O lo que es lo mismo, la influencia mal utilizada, para estructurar el punible, debe ejercerse para que otro servidor del Estado haga u omita un acto propio de sus funciones, esto es, que esté dentro del resorte de su cargo.”[3].
"a).- Que el agente sea un servidor público, esto es, una persona que esté vinculada con el Estado en forma permanente, provisional o transitoria.
b).- Que dicho servidor haga uso indebido de influencias derivadas del ejercicio de su cargo o función. Es decir, que aprovechando la autoridad de que está investido, por su calidad de servidor público, ejerza unas determinadas influencias.
Pero no toda influencia puede ser punible, sino aquella que sea indebida; se entiende por indebido aquello que está por fuera del deber; y el deber, en el servidor público está centrado, como ya se decía, en el servicio a la comunidad. Ese es su norte y su esencia,
c).- El uso de la indebida influencia puede darse bien en provecho del mismo servidor que la ejerce, o bien en provecho de un tercero. Con una u otra forma de actuar es claro que la administración sufre ante la comunidad un desmedro en su imagen.
d).- La utilización indebida de la influencia, debe tener como propósito el obtener un beneficio de parte de otro servidor público, sobre un asunto que éste conozca o vaya a conocer.
O lo que es lo mismo, la influencia mal utilizada, para estructurar el punible, debe ejercerse para que otro servidor del Estado haga u omita un acto propio de sus funciones, esto es, que esté dentro del resorte de su cargo.”[3].
"En síntesis el delito de
tráfico de influencias comporta la utilización indebida de la posición
preponderante que el cargo le otorga al servidor público, que debido al interés
privado que a nombre propio o de un tercero le asiste en un asunto que le
corresponde conocer a otro funcionario, ejerce sobre él :
<un influjo psicológico el cual lleva al influenciado a realizar la actuación que no efectuaría de no ser por la calidad de quien se lo solicita, sin que necesariamente deba tratarse de un subalterno (...) Es el efectivo uso inadecuado de la autoridad, de la investidura que ejerce una presión psicológica en el influenciado, precisamente por esa investidura. Se trata de una sugestión, de una instigación que altera el proceso motivador de quien conoce el asunto.
Como lo dice la jurisprudencia Española, se trata de ejercer un predominio o fuerza moral> (CSJ AP 27 Abr. 2011, rad. 30682, reiterada en CSJ SP 21 Sep. 2011, rad. 35331).
Como lo dice la jurisprudencia Española, se trata de ejercer un predominio o fuerza moral> (CSJ AP 27 Abr. 2011, rad. 30682, reiterada en CSJ SP 21 Sep. 2011, rad. 35331).
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