La facultad de preacordar es opcional, el Fiscal no esta obligado a preacordar.
La
Sala Penal de la Corte, en auto del 29 de agosto de 2018, Rad. 48414, reiteró que
la facultad de preacordar es opcional y no obligatoria para el Fiscal. Al respecto,
dijo:
“Como acertadamente lo puso de presente el Tribunal, sin que el censor lo
refutara de manera alguna, si bien los preacuerdos implican la renuncia
libre, voluntaria e informada al juicio oral,
a cambio de un tratamiento jurídico y punitivo menos severo, ello no
comporta el ejercicio de un poder dispositivo sobre la acción penal, sino apenas
la búsqueda, a través del consenso,
de alternativas que permitan anticipar o abreviar el desarrollo del proceso.[1]
“En esa
dirección, el
hecho de que el acusado manifieste su voluntad de llegar a un acuerdo no
implica que, de forma automática, la Fiscalía deba acceder a ello, pues de la
naturaleza de la aceptación preacordada de responsabilidad se desprende la
necesidad de un acuerdo de voluntades, en virtud del cual se logre la culminación
anticipada de la actuación, a cambio de un tratamiento punitivo menos severo.
“A la luz del art. 348 inc. 1º del C.P.P., la Fiscalía
y el imputado o acusado podrán llegar
a preacuerdos que impliquen la terminación anticipada del proceso. Ello, con el
fin de humanizar la actuación procesal y la pena, obtener pronta y cumplida
justicia, activar la solución de los conflictos sociales que genera el delito,
propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto y
lograr la participación del imputado en la definición de su caso. Las reglas
específicas sobre el trámite a seguir en eventos de preacuerdos y negociaciones se hallan consagradas, en
lo fundamental, en los arts. 349 al 354 ídem.
“Desde luego, todo ello ha de ceñirse a la comprensión acusatoria y adversarial del proceso. De ahí que tanto la activación como el impulso de la pretensión punitiva estatal, por disposición
constitucional y legal, pertenecen exclusivamente
a la Fiscalía General de la Nación, en quien recae el deber de acusar ante los jueces de conocimiento (arts. 250-4 Const.
Pol., 336 del C.P.P. y 339 inc. 2º ídem). El acto de acusación ha de
comprenderse como un ejercicio de imputación fáctica y jurídica, donde el Estado fija los contornos de la pretensión punitiva y delimita los
referentes de hecho y de derecho en
torno a los cuales se adelantará la discusión sobre la responsabilidad penal
del procesado.
“En el fiscal recae el deber
de ejercer la acción penal (art. 250 inc. 1º de la Constitución). La posibilidad de negociar con el
procesado -siempre con presencia de su defensor- los términos de una eventual alegación de culpabilidad preacordada
frente al juez de conocimiento implica, entonces, una potestad para que, a cambio de la aceptación de responsabilidad, el
fiscal presente ante el juez -como contraprestación- una acusación que conduzca
jurídicamente a la asignación de una consecuencia punitiva aminorada.
“Por ende, ningún derecho le asiste al procesado a que el fiscal negocie con él los términos en que ha de ser acusado. No. En tanto dueña de la acusación, la Fiscalía está facultada legalmente para convocar a juicio a quien investigó en los términos fácticos y jurídicos que ella estime apropiados -siempre y cuando se den los presupuestos normativos para ello, desde luego-.
"Si es de su interés, podrá optar por una acusación
preacordada, al margen de que la iniciativa sea motu proprio o que provenga del imputado. Mas las propuestas de éste podrán entenderse,
apenas, como ofertas que el fiscal
puede atender para buscar una negociación o simplemente desechar, sin que en manera
alguna sean vinculantes ni obliguen al dueño de la acusación a justificar o
motivar su rechazo o admisión.
“Cuestión distinta es que el procesado tenga la facultad de renunciar a
sus derechos a la no autoincriminación y a ser vencido en juicio (art. 8º lit. l
del C.P.P.), a fin de aceptar su culpabilidad. De ello no se deriva que el
fiscal deba atender sus ofertas de reconocimiento de
responsabilidad para configurar, mediante la negociación de los términos en que se presentarán los
cargos ante el juez de conocimiento, la acusación. Por una parte, tal
posibilidad depende, por excelencia, de que haya consenso entre ambas
partes, y si la Fiscalía no lo estima adecuado, es razón suficiente para
que no exista acuerdo alguno; por otra, aun ante la negativa del fiscal, el
imputado cuenta con la posibilidad de allanarse, para acceder a los beneficios
punitivos pre-establecidos por la ley”.
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