Conductas jurídicamente relevantes que configuran el delito de interés indebido en la celebración de contratos

 

La Sala Penal de la Corte, en sentencia del 10 de junio de 2026, Rad. 68520, precisó la naturaleza y alcance del delito de interés indebido en la celebración de contratos, Al respecto dijo:

a.   El delito de interés indebido en la celebración de contratos

 

“130. Se encuentra tipificado en el artículo 409 de la Ley 599 de 2000, en los siguientes términos:

 

«El servidor público que se interese en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a doscientos dieciséis (216) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a doscientos dieciséis (216) meses.»

 

“131. De esta descripción normativa se desprenden como elementos estructurales del tipo penal: (i) un sujeto activo calificado, esto es, un servidor público; (ii) la existencia de un «contrato u operación» de carácter estatal; (iii) la intervención del servidor público en el contrato u operación, en razón de su cargo o funciones; y, (iv) la manifestación de un interés orientado a obtener un provecho propio o en favor de un tercero.

 

“132. Se trata de un delito de mera conducta, cuya consumación no queda supeditada a la producción de un resultado material o a que se cause un perjuicio efectivo al patrimonio público. El desvalor de la conducta se refleja en el quiebre del deber de rectitud funcional, en la medida en que el servidor público antepone intereses particulares al interés general, vulnerando los principios que gobiernan la contratación estatal (Cfr. SP1463-2014, rad. 34282, y SP046-2026, rad. 62561).

 

“133. En relación con el verbo rector interesarse, la Sala tiene definido que dicha acción no se agota en una intención que no trasciende del fuero interno, ni se identifica con la sola participación formal del servidor público en el trámite contractual. El interés al que alude la norma debe tener la entidad suficiente para comprometer los fines de la función administrativa y los principios previstos en el artículo 209 de la Constitución Política[1].

 

“134. Se requiere necesariamente que el interés se exteriorice y, además:

 

«…que se materialice a través de conductas del sujeto activo que afecten la imparcialidad, no del funcionario público, sino de la administración pública, manifestadas a través de actos contractuales, actuaciones administrativas concretas o cualquier otra conducta o comportamiento, que en todo caso lleven a deducir el desprecio por los principios de transparencia y selección objetiva que rigen la contratación estatal, así como el ánimo de contravenirlos o transgredirlos. No en vano el nomen iuris califica ese “interés” como “indebido”» (CSJ SP321-2025, rad. 66710).

 

“135. Así que la conducta punible se configura cuando el actuar del servidor público se encuentra guiado por motivaciones personales que desnaturalizan su rol institucional. El servidor público abandona sus deberes, obligaciones y compromisos que adquiere al vincularse con la administración, interesándose en la actividad contractual en detrimento del interés colectivo (Cfr. SP, jul. 28 de 2010, rad. 34202 y SP1463-2014, rad. 34282)

 

“136. Cabe resaltar que la configuración de este delito no depende de la ilegalidad formal del contrato o de la inobservancia de los requisitos esenciales previstos en la ley. Aun cuando la actuación contractual supere sin reparos la legalidad en sus distintos trámites, sin tacha alguna en la contratación, puede concurrir el tipo penal si se demuestra que el servidor público intervino motivado por un interés incompatible con su función.

 

“137. Este tipo penal puede realizarse en cualquiera de las fases previas, concomitantes o posteriores al contrato estatal, es decir, desde su trámite, celebración, ejecución o liquidación del contrato (Cfr. SP1423-2024, rad. 34282, y SP046-2026, rad. 62561). Asimismo, el provecho propio o de un tercero al que alude el tipo penal, no se limita al plano pecuniario, también puede ser de carácter personal, moral o social, por razones familiares, políticas, de amistad o enemistad, o de cualquier índole (Cfr. SP, may. 16 de 2007, rad. 27218 y SP321-2025, rad. 66710).

 

“138. Finalmente, se trata de una conducta dolosa en los términos del artículo 22 del Código Penal. El sujeto activo actúa con pleno conocimiento de los límites funcionales impuestas por su cargo y, pese a ello, decide interesarse indebidamente en la actividad contractual, orientando su intervención a la satisfacción del provecho propio o de un tercero”.

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[1] En particular, los de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.