Delito de Corrupción al Sufragante.- Aspectos Nucleares
La Corte Suprema, Sala de Primera Instancia, en sentencia del 12 de septiembre de 2019, Rad. 52418, se ocupó del delito de Corrupción al Sufragante. Al respecto, dijo:
“El artículo 390 de la
ley 599 de 2000, modificado por el artículo 6° de la Ley 1864
de 2017, describe este punible en los siguientes términos:
“El
que celebre contrato, condicione su perfección o prórroga, prometa, pague o
entregue dinero, dádiva u ofrezca beneficio particular o en favor de un tercero
a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley con el propósito de
sufragar por un determinado candidato, partido o corriente política, o para que
lo haga en blanco o se abstenga de hacerlo, incurrirá en prisión de cuatro (4)
a ocho (8) años y multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
“En
igual pena incurrirá quien por los mismos medios obtenga en plebiscito,
referendo, consulta popular o revocatoria del mandato votación en determinado
sentido.
“La
pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea
realizada por un servidor público.
"La
pena se aumentará de la mitad al doble cuando en la promesa, pago o entrega de
dinero, beneficio o dádiva medie recursos públicos.”
“Específicamente el tipo penal
en estudio sanciona aquellos comportamientos que atentan contra la libertad del
elector de escoger al candidato de su preferencia en un certamen electoral, por
mediar algún tipo de insinuación u ofrecimiento de dádiva para sufragar.[1]
“Además de proteger los
mecanismos de participación democrática (Título XIV, Libro Segundo de la Ley
599 de 2000), preserva el sufragio como instrumento primordial del Estado de
Derecho.
«Configurar las
instituciones estatales, formar la voluntad política, y mantener el sistema
democrático, a través de decisiones legítimas y vinculantes que resultan
necesarias para su sostenimiento»[2].
Razón
por la cual el voto es derecho-libertad, «de la misma manera que las libertades de
culto, asociación, reunión, petición, elección de profesión u oficio»[3]
“Del
supuesto de hecho se extraen los siguientes elementos:
"1.- Un
sujeto activo indeterminado.
"2.- Verbo
rector alternativo por cuanto se configura cuando el sujeto agente promete,
paga o entrega dinero o cualquier otra dádiva a un ciudadano o extranjero
habilitado para sufragar con el elemento subjetivo de inducirlo a que vote por
una determinada opción electoral.
"3.- Exige que
la promesa, el pago, la entrega o prestación efectivamente se lleve a cabo, sin
requerir el resultado perseguido, esto es, que el sufragante vote por el
candidato pretendido, lo haga en blanco o se abstenga de hacerlo.
"4.- La
prestación prometida o entregada debe tener la capacidad de corromper al
elector. Pese a que el tipo penal no exige que la prestación prometida o
entregada tenga un valor económico determinado.
"5.-. La
conducta se reputa emitentemente dolosa".
Consideraciones (al margen) de carácter sustancial.-
De acuerdo
con el mapa temático en cita, en la mirada de la imputación y consecuente
adecuación inequívoca de la conducta al tipo objetivo de que trata el art. 390, consideramos que se debe tener
claridad probatoria en punto de los siguientes aspectos a saber:
1.- Claridad
probatoria acerca de la persona quien de manera dolosa ejecutivizó la conducta
de prometer a un ciudadano en concreto.
2.- Claridad probatoria acerca de la persona o personas quienes realizaron el pago o pagos al ciudadano o ciudadanos en concreto.
3.- Claridad probatoria acerca de la persona o personas quienes hicieron la entrega de dinero, o entrega de cualquier otra dádiva a un
ciudadano o ciudadanos o al extranjero habilitado para sufragar.
La ausencia de claridad probatoria en punto de las conductas alternativas en cita, dificulta los ejercicios de imputación, y desde luego impide los juicios de adecuación de conducta de cara a la acusación y condena.
2.- La
objetividad probatoria de la conducta adecuada a los verbos en cita, debe ir
acompañada del componente subjetivo consistente en la inducción al ciudadano o
ciudadanos (no en abstracto) sino en concreto de que se traten para que voten a
favor de una determinada opción electoral.
3.- De cara
a la adecuación inequívoca de la conducta de corrupción al sufragante, se exige:
a.- que se materialice la conducta consistente en prometer; frente a lo cual se debe resolver el interrogante acerca de ¿quiénes? fueron las personas destinatarias de la promesa
b.- que se
ejecutivice la conducta de pagar, frente a lo cual se debe resolver el interrogante acerca de ¿quiénes? fueron las personas destinatarias del pago.
c.- o que se materialice la conducta de entregar la dádiva: frente a lo cual se debe resolver el interrogante acerca de ¿quiénes? fueron las personas que la recibieron.
Sin importar que el resultado pretendido se obtenga, esto es, sin que se requiera que
el sufragante en concreto de que se trate vote por el candidato pretendido, lo
haga en blanco o se abstenga de hacerlo.
4.- La conducta
ejecutivizada en modo de promesa, o en modo de entrega efectiva del dinero o dádiva debe tener la capacidad de corromper al elector, esto es, de incidir en
variar la voluntad del elector.
Lo anterior
se explica, bajo la comprensión que el tipo penal en estudio sanciona aquellos
comportamientos que atentan contra la libertad del elector de escoger al
candidato de su preferencia en un certamen electoral, por mediar algún tipo de
insinuación u ofrecimiento de dádiva para sufragar.[4]
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